El Gobierno Nacional, mediante la expedición del Decreto 0030 de 2026, formalizó la eliminación de la prima especial de servicios, una medida que no solo impactará a los miembros del Congreso de la República, sino que se extenderá a otros altos cargos del Estado debido al principio de equivalencia salarial. La normativa, que entrará en vigor el 20 de julio de 2026, busca ajustar la política remuneratoria a la realidad económica del país y garantizar la racionalidad en el gasto público, fundamentándose en la Ley Marco de Salarios (Ley 4 de 1992).

De acuerdo con el nuevo esquema, el salario de los parlamentarios pasará de aproximadamente $51,5 millones a $34,5 millones mensuales, tras la supresión de una prima superior a los $16,9 millones. Esta reducción genera un «efecto dominó» sobre los magistrados de las Altas Cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura), cuyos ingresos brutos se ajustarán a un rango cercano a los $31,2 millones al mes, manteniendo la jerarquía institucional y la uniformidad salarial establecida en la Constitución.

La medida también afectará a los titulares de los organismos de control y entes autónomos. Cargos como el de Procurador General, Contralor General y Defensor del Pueblo verán alineadas sus remuneraciones con los nuevos topes máximos, lo que implica ajustes a la baja para los nombramientos que se realicen con posterioridad a la vigencia del decreto. Asimismo, el Registrador Nacional del Estado Civil, el Fiscal General de la Nación y los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) quedarán sujetos a estos mismos criterios de austeridad.