La Región Administrativa y de Planificación del Caribe (RAP Caribe), en representación de las gobernaciones de Bolívar y Atlántico, manifestó su rechazo ante el recorte presupuestal de 637.000 millones de pesos aplicado al proyecto de restauración de los ecosistemas del Canal del Dique. Según la organización, la decisión del Ministerio de Hacienda de reducir en un 83,6 % la vigencia futura para 2025 compromete la estabilidad de una obra estratégica valorada en 3,1 billones de pesos. La preocupación radica en que esta medida unilateral pone en riesgo años de planificación técnica y social que ya contaban con el respaldo de 16 consultas previas.

La RAP Caribe advirtió que la desfinanciación de este megaproyecto no solo es un asunto de infraestructura, sino una amenaza directa a la seguridad hídrica de 19 municipios de la región. Los mandatarios regionales recordaron que el objetivo central de la obra es prevenir desastres ambientales y humanos similares a los de 2010, cuando el desbordamiento del canal dejó más de 100.000 damnificados. Para los entes territoriales, el cumplimiento de los compromisos financieros es imperativo para garantizar la resiliencia climática y la protección de ecosistemas degradados que dependen del flujo hídrico controlado.

Ante la alerta emitida también por la Contraloría General de la República sobre posibles riesgos fiscales y sociales, las gobernaciones instaron al Ejecutivo a habilitar espacios de concertación inmediata. El llamado busca evitar la parálisis de un proceso que ha superado más de 250 mesas de socialización con comunidades locales. La región Caribe sostiene que el proyecto debe ser blindado frente a los ajustes fiscales nacionales, priorizando la vida y el desarrollo de los 1,5 millones de habitantes que se verían afectados por la suspensión de los trabajos.