La plenaria del Concejo de Barranquilla dio luz verde a la extensión del aporte de la infraestructura de acueducto y alcantarillado a favor de la empresa Triple A. La medida, aprobada tras una citación a sesiones extraordinarias, busca que la compañía pueda sanear deudas acumuladas por concepto de subsidios y fortalecer su capacidad de endeudamiento para modernizar sus equipos. La cesión asegura que los activos estratégicos para la distribución de agua potable y recolección de residuos sigan bajo operación de la empresa mixta por 20 años adicionales al contrato actual.
El debate legislativo subrayó que la infraestructura debe ser devuelta al Distrito en condiciones óptimas de conservación una vez expire el plazo pactado, conforme a lo estipulado por la ley. Mauricio Villafañe, presidente de la corporación, señaló que esta maniobra administrativa es necesaria para que la empresa sea percibida con mayor solvencia ante los bancos. Esta solidez financiera es vista como el motor para cubrir el 7% de la población que aún carece de servicios plenos en áreas de expansión urbana.
[Escuche]
A pesar del respaldo mayoritario al proyecto, en el marco de las sesiones se discutieron las afectaciones colaterales que generan las obras de infraestructura en la ciudad. Comerciantes de sectores como la Vía 40 y la calle 30 han reportado dificultades económicas debido a la demora en la terminación de pavimentaciones y reparaciones de redes. El Concejo enfatizó la importancia de que la Triple A realice una interventoría rigurosa para evitar que las nuevas inversiones resulten en cierres prolongados de establecimientos comerciales.
Paralelamente a los temas de infraestructura, el Concejo anunció que realizará un control político a la Policía Metropolitana para evaluar la seguridad en los entornos donde se ejecutan estas obras y en el marco de las festividades de Carnaval. Existe una preocupación creciente por las extorsiones que afectan a comerciantes y emprendedores, situación que, según los cabildantes, debe ser atendida de manera integral junto con el mejoramiento de los servicios públicos para garantizar la viabilidad de los negocios locales.
Con la aprobación de este acuerdo, el alcalde Alejandro Char recibe la herramienta jurídica para formalizar la relación contractual con la empresa de servicios públicos de cara a las próximas décadas. El reto para la Triple A será traducir esta estabilidad jurídica en mejoras tangibles de presión y calidad del agua en barrios que, como Ciudad Jardín y el corredor universitario, han presentado fallas técnicas recientes. La medida se consolida como el eje de la política de saneamiento básico de la actual administración.
