El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que el senador Iván Cepeda no podrá participar en la consulta interpartidista del Frente por la Vida, programada para el próximo 8 de marzo. La decisión se tomó tras una votación de 6 contra 4, en la que la intervención de los conjueces resultó determinante para alcanzar la mayoría necesaria. Con este fallo, el tribunal electoral resolvió la controversia jurídica sobre la posible doble participación del aspirante en mecanismos de selección interna.
La resolución del organismo tumbó la ponencia que favorecía la habilitación del candidato, la cual era respaldada por los magistrados Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez. El conjuez Hollman Ibáñez, del partido Alianza Verde, presentó un salvamento de voto, dejando constancia de las posiciones divididas que marcaron el debate al interior del tribunal. El fallo tiene efectos inmediatos sobre la organización de los tarjetones para los comicios de marzo.
Como consecuencia de esta inhabilitación, la consulta del Frente por la Vida queda integrada únicamente por los precandidatos Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo. Por su parte, la situación jurídica del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, permanece en vilo, luego de que su expediente fuera solicitado en rotación por el magistrado Álvaro Hernán Prada, lo que posterga una definición sobre su participación en el mismo proceso.
Tras conocerse el dictamen, el Pacto Histórico reafirmó su respaldo a Cepeda, calificándolo como su único aspirante presidencial basado en los resultados de la votación interna de octubre de 2025. La colectividad argumentó que el mandato de más de 2.7 millones de ciudadanos debe prevalecer, y anunció que la exclusión de la consulta interpartidista no frenará la aspiración del senador hacia la Casa de Nariño en el presente año.

El escenario electoral se modifica así de manera definitiva, obligando a Iván Cepeda a avanzar directamente a la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo. Esta ruta, que ya había sido prevista por el candidato ante posibles fallos adversos, busca consolidar un acuerdo político con sectores progresistas fuera del mecanismo de la consulta, manteniendo la intención de dar continuidad a las reformas del actual gobierno.
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