El Gobierno nacional decretó la emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos del país debido a la grave crisis provocada por las intensas lluvias de las últimas semanas. Mediante el Decreto 0150, el Ejecutivo declaró la medida por un periodo de 30 días en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. En los próximos días se expedirán decretos adicionales con medidas específicas para el recaudo y la atención de la emergencia.

Según el Gobierno, un fenómeno atípico asociado a un frente frío generó precipitaciones que superaron entre el 130 % y el 180 % los promedios históricos en un mes que tradicionalmente es seco. La situación ha provocado desbordamientos, inundaciones y la declaratoria de desastre natural en varios municipios, especialmente en Córdoba y Sucre. Además, al menos cuatro embalses se encuentran al límite de su capacidad, lo que hace prever que las afectaciones podrían continuar.

La declaratoria permitirá al presidente Gustavo Petro adoptar decisiones excepcionales que normalmente requieren trámite en el Congreso. Entre las medidas que podrían implementarse están traslados presupuestales para fortalecer los fondos de atención de emergencias, contribuciones temporales sobre algunos servicios públicos y pagos extraordinarios dirigidos a familias en condición de pobreza en las zonas afectadas.

El decreto también abre la puerta a la creación de impuestos transitorios. El texto señala que las medidas tributarias que se adopten tendrán carácter estrictamente temporal y estarán destinadas a financiar la atención, recuperación y rehabilitación de las áreas impactadas. Estas contribuciones podrían extenderse durante la vigencia fiscal de 2026. De acuerdo con información conocida, el Ministerio de Hacienda trabajaba en un borrador que buscaría recaudar cerca de 8 billones de pesos.

Esta nueva declaratoria se diferencia de la emergencia nacional decretada en diciembre pasado por la supuesta desfinanciación del presupuesto de 2026, la cual fue suspendida por la Corte Constitucional mientras estudia su legalidad. En esta ocasión, el Gobierno enfatiza que se trata de un hecho sobreviniente e inesperado, una de las principales observaciones que hizo la Corte frente a la medida anterior.

No es la primera vez que el Ejecutivo recurre a un estado de excepción por una crisis ambiental regional. En 2023, el presidente Petro declaró la emergencia en La Guajira por la situación humanitaria asociada al fenómeno de El Niño. En ese caso, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la mayoría de los decretos expedidos, al considerar que buscaban resolver problemas estructurales y no una situación repentina.

La nueva emergencia, que coincide con el calendario electoral de las legislativas del 8 de marzo, entró en vigor tras su publicación oficial en la noche de este miércoles. Mientras tanto, las comunidades afectadas continúan a la espera de ayudas inmediatas ante el impacto de las lluvias.