El Pacto Histórico ha generado una fuerte sacudida en el tablero político colombiano al anunciar que operará con “su propia Registraduría” para la jornada electoral del próximo 8 de marzo. Esta decisión, según los voceros de la coalición, surge como una medida de autoprotección frente a los que consideran «riesgos electorales persistentes» y la imposibilidad de realizar auditorías técnicas profundas a los sistemas oficiales de la Registraduría Nacional.

La estrategia central de este mecanismo paralelo será la implementación de un robusto sistema de digitalización y seguimiento de los formularios E-14. El partido explicó que contará con una infraestructura propia para capturar y contabilizar en tiempo real los datos consignados en las actas de mesa. Con este software, la colectividad busca cruzar sus resultados con la información oficial para detectar cualquier discrepancia que pudiera sugerir irregularidades en el conteo de votos.

Además del componente tecnológico, la iniciativa se apoya en un despliegue humano masivo que incluye a más de 500 abogados y una red nacional e internacional de testigos electorales. El objetivo es cubrir el 100 % de las mesas de votación, asegurando que cada voto sea vigilado desde el momento del cierre de urnas hasta su reporte final. Esta movilización pretende subsanar la desconfianza que el sector oficialista ha manifestado respecto a la transparencia de los procesos informáticos actuales.

Sin embargo, el anuncio no ha estado exento de controversia. Diversos sectores de la oposición y figuras independientes han calificado la propuesta como un desafío a la institucionalidad y un posible factor de desinformación. Mientras que el Pacto Histórico defiende la medida como una herramienta de «cuidado electoral» y transparencia ciudadana, sus críticos advierten que establecer sistemas paralelos podría generar confusión y deslegitimar los resultados oficiales ante la opinión pública.