La Procuraduría General de la Nación expidió la Directiva 005 de 2026, mediante la cual establece lineamientos preventivos para avanzar de manera progresiva hacia la consolidación de un sistema educativo inclusivo en Colombia, que garantice el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en condiciones de igualdad y sin discriminación.

Con esta actuación, el ente de control reafirma su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de esta población y con la construcción de un modelo educativo que promueva la inclusión real dentro de las aulas.

La directiva orienta la eliminación progresiva de las aulas pedagógicas especiales concebidas como espacios permanentes de segregación. En su lugar, propone una transición gradual, organizada y técnicamente acompañada que permita asegurar la continuidad del proceso educativo y salvaguardar el interés superior de los estudiantes con discapacidad.

El Ministerio Público enfatizó que la inclusión debe ser efectiva y no solo formal. Para ello, señala la necesidad de adoptar ajustes razonables en los ámbitos pedagógico, curricular y evaluativo; implementar de manera adecuada los Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR); garantizar apoyos profesionales especializados y tecnologías de asistencia; y eliminar barreras físicas y comunicativas que limiten la participación de los estudiantes.

En este contexto, la Procuraduría exhortó al Ministerio de Educación Nacional a fortalecer la asistencia técnica y emitir lineamientos claros que orienten a las entidades territoriales certificadas en educación. También instó a las secretarías de Educación y a los establecimientos educativos, tanto oficiales como privados, a formular e implementar planes de transición con metas, cronogramas y recursos definidos.

La finalidad de estas acciones es garantizar la matrícula, permanencia y participación activa de los estudiantes con discapacidad en las aulas regulares del sistema educativo.

Finalmente, la directiva establece que las autoridades educativas deberán reportar los avances en la implementación de estas medidas antes del 28 de agosto de 2026, con el propósito de permitir el seguimiento preventivo por parte del Ministerio Público.