Las empresas Promigas, TGI (filial del Grupo Energía Bogotá), Promioriente, Transmetano y Transoccidente rechazaron de manera categórica la información divulgada recientemente sobre presuntos cobros indebidos en el transporte de gas natural en el país.

El pronunciamiento se produjo luego del comunicado emitido el pasado 4 de marzo de 2026 por el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en el que se mencionó la posible devolución de recursos a usuarios finales por un supuesto traslado de sobrecostos asociados a la tasa de descuento aplicada en el transporte de gas.

Según las compañías transportadoras, la operación del servicio se ha realizado cumpliendo estrictamente con la regulación expedida por la CREG. Las empresas aseguraron que han aplicado de forma transparente y rigurosa la metodología tarifaria vigente, incluyendo la tasa de descuento establecida para la actividad de transporte de gas natural.

En ese sentido, reiteraron que no se han generado ni trasladado sobrecostos a los usuarios del servicio, por lo que, de acuerdo con su posición, no habría lugar a devoluciones de dinero a los consumidores.

Las empresas también mencionaron que un laudo arbitral emitido el 11 de febrero de 2026, en el marco de las diferencias entre Transmetano y Empresas Públicas de Medellín (EPM) sobre la tasa de descuento aplicable al transporte de gas, concluyó que la transportadora actuó conforme a la regulación vigente y aplicó la tasa correcta.

Asimismo, indicaron que hasta el momento no han sido notificadas oficialmente de ninguna decisión administrativa que ordene la devolución de recursos en los términos mencionados en el comunicado gubernamental. Señalaron que, una vez conozcan formalmente los actos administrativos correspondientes, analizarán su contenido y alcance desde el punto de vista técnico y jurídico.

Finalmente, las compañías manifestaron que, de ser necesario, acudirán a las instancias judiciales competentes para garantizar el respeto del ordenamiento jurídico, la seguridad jurídica y las competencias institucionales previstas en la legislación colombiana. También reiteraron su compromiso con los usuarios del servicio público de gas natural, la transparencia y el cumplimiento del marco normativo vigente para asegurar la prestación eficiente del servicio.