El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio del Interior, modificó el Decreto 0188 que establecía las medidas de orden público para las elecciones del próximo 8 de marzo. El ajuste se realizó tras una solicitud del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, quien advirtió que la restricción inicial podía limitar las funciones de vigilancia del Ministerio Público durante la jornada electoral.
Mediante el Decreto 0211, el Ministerio del Interior introdujo cambios al acto administrativo anterior y permitió el ingreso de celulares y cámaras a los puestos de votación. No obstante, estableció que estos dispositivos no podrán ser utilizados dentro del recinto electoral entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, mientras se desarrolla la votación.
Según lo dispuesto en la nueva norma, los únicos autorizados para utilizar estos equipos durante la jornada son los funcionarios del Ministerio del Interior y los integrantes de los organismos de control, como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las personerías y la Fiscalía.
El procurador Gregorio Eljach había manifestado su preocupación por la restricción inicial, señalando que la prohibición constituía “una injustificada limitante para el ejercicio de la vigilancia constitucional”. Asimismo, solicitó que “con urgencia se tomen los correctivos en aras de garantizar el pleno ejercicio de nuestras competencias”.
Con la modificación, el Gobierno permitió el ingreso de celulares y cámaras, pero mantuvo la restricción de uso durante el horario de votación. A partir de las 4:00 de la tarde, cuando comiencen los escrutinios, los testigos electorales sí podrán utilizar estos dispositivos como parte de sus labores de vigilancia.
“El uso de dichos dispositivos electrónicos se realizará bajo la responsabilidad de los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos u organizaciones sociales que los hayan acreditado”, precisó el Ministerio del Interior.
La medida busca garantizar el control y la transparencia del proceso electoral sin afectar el normal desarrollo de la jornada de votación.
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