El Gobierno Nacional y el sector financiero, representado por Asobancaria, sellaron este miércoles un acuerdo histórico para implementar un paquete de medidas crediticias y alivios financieros destinados a las poblaciones y territorios más golpeados por la temporada de lluvias. El compromiso busca mitigar el impacto económico causado por el frente frío que ha afectado gravemente a departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Las medidas, que entrarán en vigencia a partir del 12 de marzo de 2026, incluyen la meta de otorgar 2,1 millones de créditos con condiciones flexibles y tasas preferenciales. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, destacó que el objetivo principal es canalizar recursos de manera inmediata hacia la «economía popular» tanto rural como urbana, permitiendo que pequeños productores y familias afectadas recuperen su capacidad productiva tras los daños en cultivos e infraestructura.
Dentro de los beneficios acordados se destaca la implementación de periodos de gracia de hasta 12 meses, durante los cuales no habrá causación de intereses ni cobros jurídicos para deudores en mora que demuestren afectaciones por la emergencia climática. Asimismo, se garantizó la conservación de la calificación crediticia de los beneficiarios, evitando que la crisis temporal cierre sus puertas al sistema financiero formal en el futuro.
Para facilitar el acceso a estos recursos, el Gobierno se comprometió a otorgar garantías estatales de hasta el 90 % a través de fondos de redescuento. Esto permitirá que las entidades bancarias ofrezcan tasas de interés significativamente inferiores a las actuales del mercado, con reducciones proyectadas de hasta el 50 % en comparación con las tasas comerciales vigentes, priorizando a los microempresarios y sectores asociativos del Caribe y el Chocó.
Finalmente, el programa denominado «Abrigo» será monitoreado directamente por la Superintendencia Financiera para asegurar que los desembolsos lleguen efectivamente a los municipios declarados en desastre. Los voceros de la banca privada reafirmaron su compromiso de trabajar de la mano con el Ejecutivo, señalando que esta estrategia es una alternativa más ágil y efectiva que las inversiones forzosas, logrando resultados tangibles en el corto plazo para las familias damnificadas.
