La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional por un término de tres meses de Alexander Mesa Romero, actual agente especial interventor de Coosalud EPS S.A. La medida, que tiene efectos inmediatos y se aplicará sin derecho a remuneración, busca evitar que las presuntas irregularidades detectadas en su gestión continúen afectando el derecho fundamental a la salud de los más de 3.2 millones de afiliados de la entidad.

La determinación del Ministerio Público se fundamenta en el análisis de diversos informes técnicos que evidencian un deterioro crítico en los indicadores de servicio. Según el ente de control, bajo la administración de Mesa Romero se ha registrado un aumento sistemático en las quejas por demoras en la entrega de medicamentos, barreras para el acceso a diagnósticos y una gestión financiera deficiente que pone en riesgo la estabilidad de la aseguradora. La Procuraduría subrayó que mantener al funcionario en el cargo representaría un riesgo de reiteración de estas conductas.

Además de la suspensión del agente actual, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción vinculó a la investigación a otros ex agentes interventores y funcionarios de la EPS, entre ellos Mauricio Camaro Fuentes, Gloria Libia Polanía, Carlos Eduardo Franco Muñoz y Julio César Piñeros Cruz. La investigación busca determinar si existió una omisión en el cumplimiento de los planes de mejora exigidos por la Superintendencia Nacional de Salud, entidad que ahora deberá nombrar un reemplazo para liderar el proceso de intervención.

Este movimiento ocurre en un momento de máxima tensión para el sistema de salud en Colombia, donde la vigilancia sobre las EPS intervenidas se ha intensificado. La Procuraduría advirtió que la medida cautelar es necesaria para garantizar que los recursos destinados a la atención médica sean administrados con transparencia y eficacia, protegiendo así la vida de los usuarios en los departamentos donde Coosalud tiene presencia mayoritaria.