La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió un nuevo auto de responsabilidad en el que acusa a ocho exintegrantes del Ejército Nacional por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 2001 y 2002. Los exuniformados, vinculados al Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 ‘General José María Cabal’ y al Batallón de Contraguerrilla No. 93, son señalados por ataques sistemáticos contra comunidades indígenas Awá y Eperara Siapidara, así como contra poblaciones afrocolombianas y campesinas en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas.

De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de Verdad, los crímenes imputados incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecución y traslados forzosos. La investigación determinó que estas acciones no fueron hechos aislados, sino que respondieron a patrones macrocriminales. Entre estos destacan la estigmatización de líderes sociales, la ejecución de civiles presentados falsamente como bajas en combate (falsos positivos) y el control territorial mediante confinamientos que afectaron a más de 16.000 personas.

Entre los llamados a responder se encuentran altos mandos de la época, como el entonces comandante Luis Felipe Montoya y el jefe de operaciones José David Vásquez, junto a otros oficiales encargados de inteligencia y mando de pelotón. La JEP subrayó que estas conductas causaron un daño profundo al tejido social y a la autonomía de los pueblos étnicos de la región del Pacífico.

Con esta decisión, el Macrocaso 02 avanza hacia su etapa final de instrucción. Los exmilitares cuentan ahora con un plazo de 30 días hábiles para decidir si aceptan o rechazan los cargos. En caso de reconocer su responsabilidad y aportar verdad plena, podrán acceder a sanciones propias con enfoque restaurativo; de lo contrario, se exponen a un juicio adversarial que podría derivar en penas de hasta 20 años de prisión.