La Contraloría General de la República reveló graves irregularidades en la gestión de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), estableciendo hallazgos con incidencia fiscal que superan los 4.600 millones de pesos. El organismo de control advirtió que estas deficiencias afectan directamente la protección de los ecosistemas estratégicos de la región insular y la correcta administración de los recursos públicos destinados al medio ambiente.

El punto más crítico de la auditoría se centra en un contrato interadministrativo suscrito a finales de 2023 con la Asociación de Municipios de la Costa (Asomucosta). Según el ente de control, este convenio cuyo objeto era evaluar el estado de los arrecifes coralinos tras el impacto de diversas enfermedades de tejido presenta fallas estructurales desde su planeación. Solo en este proyecto se identificó un detrimento patrimonial cercano a los 3.000 millones de pesos debido a la falta de especificaciones técnicas y la ausencia de estudios previos que justificaran la necesidad del gasto.

Adicionalmente, los auditores detectaron irregularidades en la ejecución presupuestal que incluyen sobrecostos en la adquisición de equipos y materiales, así como pagos por actividades que no fueron debidamente soportadas. Entre los hallazgos más llamativos se mencionan gastos relacionados con viajes internacionales y logística que no guardaban una relación directa con el cumplimiento del objeto misional de la corporación ambiental.

Tras los resultados, la Contraloría dará traslado de las piezas procesales a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría para que se inicien las investigaciones penales y disciplinarias correspondientes. Por su parte, la dirección de Coralina deberá presentar un plan de mejoramiento inmediato para subsanar las debilidades administrativas y operativas identificadas durante el proceso de fiscalización.