La Procuraduría General de la Nación estableció que el fallecimiento de Kevin Arley Acosta Picó, un menor de siete años que padecía hemofilia severa, fue consecuencia de una omisión negligente por parte de la Nueva EPS. Según el informe del ente de control, la entidad prestadora de salud no garantizó la entrega oportuna del medicamento Emicizumab, vital para el tratamiento de su condición, lo que derivó en una crisis clínica irreversible para el niño.

La investigación determinó que Kevin estuvo prácticamente dos meses sin recibir su tratamiento debido a rupturas en la cadena de pagos entre la Nueva EPS y sus prestadores. La IPS Medicarte, encargada inicialmente de su atención, suspendió el suministro del fármaco por falta de pago. Posteriormente, la IPS Integral, que debía asumir el cuidado de los pacientes, no pudo cumplir con el compromiso debido a que la EPS tampoco le giraba los recursos necesarios, dejando al menor sin una entidad asignada al momento de su fallecimiento.

El Ministerio Público también alertó sobre un riesgo sistémico, tras conocer que otros 2.000 pacientes que dependen de estos medicamentos podrían estar en una situación de vulnerabilidad similar por la falta de aseguramiento médico. La Procuraduría calificó la situación como una falla grave en la gestión de la EPS intervenida, que priorizó trámites administrativos y financieros sobre el derecho fundamental a la vida.

Ante estos hallazgos, el organismo de control anunció la apertura de una investigación disciplinaria formal contra Óscar Galvis, interventor de la Nueva EPS. Asimismo, se compulsaron copias del informe a la Fiscalía General de la Nación para que se inicien las investigaciones penales correspondientes y se identifique a los responsables de las decisiones que llevaron al fatal desenlace del menor el pasado 13 de febrero.