En un preocupante giro dentro de las investigaciones por el asesinato del líder político Miguel Uribe, se conoció que varios integrantes del equipo especial de la Fiscalía y la Policía Judicial encargados del caso han sido víctimas de amenazas de muerte. Los mensajes intimidatorios, que habrían llegado a través de panfletos y llamadas telefónicas, exigen el cese inmediato de las pesquisas que buscan identificar a los autores intelectuales del crimen que conmocionó al país.

Fuentes cercanas al proceso indicaron que las amenazas surgieron tras los recientes avances en la recolección de pruebas y testimonios que vincularían a estructuras de poder locales con el atentado. Ante esta situación, las autoridades han activado protocolos de seguridad de emergencia para proteger a los investigadores y sus familias, mientras se evalúa si el caso debe ser trasladado a una unidad especial en la capital para garantizar la imparcialidad y la integridad de quienes lideran la búsqueda de justicia.

Por su parte, diversos sectores políticos y defensores de derechos humanos han rechazado de forma tajante estas intimidaciones, señalando que representan un ataque directo a la institucionalidad y un intento deliberado por perpetuar la impunidad. El Ministerio del Interior aseguró que no se detendrán las labores investigativas y que se redoblarán los esfuerzos para desarticular las redes criminales que intentan silenciar a la justicia en torno al magnicidio de Uribe.