Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el fiscal seccional Leopoldo Eduardo Montes Dávila y los patrulleros de la Sijín, Javier Tapias Madera y Wladimir José Sanjuan Márquez. Los funcionarios son señalados como presuntos responsables de la aprehensión irregular de un cargamento de motores importados y de exigir dinero a su dueño para la devolución de los mismos.  

Los hechos ocurrieron tras la interceptación de un tractocamión el pasado 24 de enero en cercanías a Bosconia, Cesar, el cual transportaba 15 motores desde una zona portuaria hacia Medellín. Según la investigación, el fiscal Montes Dávila habría ordenado inmovilizar el vehículo bajo falsos argumentos de narcotráfico y contrabando, asumiendo un caso fuera de su competencia e intentando legalizar su actuación vinculándola a un proceso judicial distinto.  

Una vez retenida la carga, los procesados habrían contactado al propietario para exigirle inicialmente el pago de 300 millones de pesos, cifra que posteriormente fue rebajada a 100 millones de pesos a cambio de retornar la mercancía. Ante estos hallazgos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó el delito de concusión, sumando además el cargo de prevaricato por omisión agravado para el funcionario judicial.