La Procuraduría General de la Nación lanzó una advertencia preventiva al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sobre los riesgos que podrían derivarse del nuevo proyecto de decreto que busca modificar los topes de precio y el esquema de comercialización de la Vivienda de Interés Social (VIS). El ente de control urgió a la cartera ministerial a revisar con detalle la propuesta para evitar que una medida que busca proteger al comprador termine asfixiando la oferta de vivienda en el país.

A través de la Delegación para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, el Ministerio Público identificó cuatro pilares que, a su juicio, carecen de solidez en el borrador actual: la seguridad jurídica, el sustento económico con enfoque territorial, las reglas de transición para proyectos que ya están en marcha y el impacto social a largo plazo. La preocupación radica en que, al alterar las reglas de juego en la fijación de precios, se pueda comprometer la viabilidad financiera de constructoras y desarrolladores, especialmente en regiones donde los costos de insumos varían drásticamente.

Aunque la Procuraduría reconoce que el decreto intenta frenar incrementos injustificados y mejorar la transparencia para los hogares, advirtió que una mala aplicación podría generar el efecto contrario: reducir el acceso efectivo a la vivienda para las familias de menores ingresos. Sin reglas claras de transición, los proyectos que actualmente están en preventa o construcción podrían quedar en un limbo jurídico y financiero, afectando directamente a los ahorradores.

Esta intervención, aclaró el organismo, se realiza bajo su función de anticipar riesgos y no pretende coadministrar el Ministerio. La pelota queda ahora en el terreno del Gobierno Nacional, que deberá sustentar con criterios técnicos y económicos cómo logrará que los nuevos topes de la VIS sean sostenibles sin desincentivar la inversión privada, en un sector que es clave para la reactivación económica del país.