El municipio de Luruaco enfrenta una situación crítica debido a la deficiente prestación del servicio de agua potable, un panorama que los líderes cívicos han calificado como «catastrófico» y «lamentable». Humberto Currea Yepes, representante de la comunidad, denunció que a pesar de que el contrato entre la empresa Aqualia y Aresur estipula el suministro permanente del líquido, la realidad en los hogares es de desabastecimiento crónico. La crisis afecta no solo a la cabecera municipal, sino también a la mayoría de sus corregimientos, a excepción de Arroyo de Piedra, dejando a miles de ciudadanos sin el recurso básico.
Según los denunciantes, la falta de gestión se extiende a múltiples niveles, señalando la inacción del Concejo Municipal, la Personería y la Superintendencia de Servicios Públicos. La indignación de los habitantes del municipio se ha manifestado en una serie de paros y huelgas; sin embargo, aseguran que Aqualia no ha mostrado voluntad para buscar soluciones definitivas. Por el contrario, la comunidad critica que, mientras el agua no llega a los grifos, las facturas arriban puntualmente con cobros que consideran excesivos, promediando consumos que no corresponden a la realidad del servicio prestado.
La mirada de los afectados también se posa sobre la Gobernación del Atlántico. De acuerdo con el liderazgo cívico, el gobernador Eduardo Verano se comprometió el año pasado a la construcción de unas plantas de rebombeo a la altura de la vía a Repelón, obra clave para mitigar la crisis. No obstante, denuncian que hasta la fecha no se ha iniciado ningún proceso de contratación, lo que ha prolongado el padecimiento en barrios como Las Casitas, Progreso, 19 de Marzo y el sector Centro, donde el acceso al agua es casi nulo.
Ante este escenario, la población de Luruaco exige una intervención inmediata que obligue a Aqualia a cumplir con sus obligaciones contractuales y agilizar las inversiones necesarias. La urgencia radica en la ejecución del proyecto de rebombeo por parte de la administración departamental, considerado el único camino viable para estabilizar el sistema y poner fin a una problemática que ya amenaza con agudizar aún más el orden público en el municipio.
