La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una vigilancia preventiva sobre la Universidad del Atlántico tras la clausura de sus piscinas, un hecho que ha generado malestar entre la comunidad estudiantil y deportiva. La medida busca establecer si detrás del deterioro de estas instalaciones existen irregularidades administrativas o falta de planeación por parte de las directivas del plantel, lo que habría llevado al cese de actividades en estos escenarios.

A través de un requerimiento formal, el Ministerio Público solicitó al rector de la institución un informe detallado que explique las razones técnicas y jurídicas detrás del cierre. La entidad exige claridad sobre el estado de los contratos de mantenimiento, los presupuestos asignados para la preservación de la infraestructura y el cronograma de obras previsto para la reapertura, con el fin de determinar responsabilidades por la presunta negligencia.

El cierre de estos espacios no solo afecta los entrenamientos de los equipos de natación, sino que también interrumpe programas académicos fundamentales de la Facultad de Educación Física. La Universidad deberá entregar los soportes requeridos en los próximos días para evitar el inicio de procesos disciplinarios formales, mientras la comunidad universitaria espera soluciones concretas que permitan recuperar estos espacios bajo las normas de seguridad y salubridad exigidas.