La Asociación de Empleados de la Defensoría del Pueblo, liderada por su presidente Carlos Castro, ha alzado una voz de protesta contundente contra lo que califican como una crisis estructural y humanitaria dentro de la institución. Según la denuncia, más de 4.200 defensores públicos en todo el país operan bajo condiciones de extrema precariedad laboral, careciendo de prestaciones sociales, primas y garantías básicas como el reconocimiento de incapacidades médicas. A pesar de cumplir funciones permanentes y esenciales para el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables, estos profesionales siguen vinculados mediante contratos de prestación de servicios, una figura que, según el sindicato, ignora la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos.
El foco principal de la indignación radica en el estancamiento de los honorarios, los cuales no han recibido un incremento siquiera equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los últimos dos años. Castro enfatiza que esta situación ha provocado un empobrecimiento sistemático de los abogados. Para ilustrar la gravedad, señala que mientras en 2008 un defensor percibía el equivalente a siete salarios mínimos, hoy sus ingresos apenas superan los dos salarios mínimos tras descontar los aportes obligatorios a seguridad social. Esta pérdida del poder adquisitivo ocurre en un contexto donde el Estado exige al sector privado aumentos salariales dignos, pero mantiene a sus propios operadores de justicia en la base de la pirámide laboral.
La responsabilidad de este bloqueo financiero ha sido señalada directamente hacia el Ministerio de Hacienda. Según la organización sindical, tanto la Defensora del Pueblo, Iris Marín, como el Director Nacional de Defensoría Pública han agotado las instancias de diálogo y gestión ante el Gobierno Nacional, recibiendo como respuesta recortes presupuestales en lugar de las adiciones necesarias. El sindicato manifiesta un sentimiento de «abandono» por parte de la administración del presidente Gustavo Petro, recordando que como sector apoyaron su propuesta de cambio, la cual hoy no ven reflejada en los recursos destinados a quienes garantizan el debido proceso en los territorios más olvidados de Colombia.
Finalmente, la protesta advierte que esta crisis no solo afecta la estabilidad económica de 4.228 familias, sino que pone en jaque la operatividad del sistema judicial colombiano. Al ser los defensores públicos los únicos actores de la administración de justicia a diferencia de jueces, fiscales y procuradores que no forman parte de una planta global con empleo formal, el Estado incurre en una desigualdad jurídica que afecta la prontitud y eficiencia de los procesos. El llamado es urgente: una intervención inmediata del Ejecutivo para dignificar la labor de la defensa pública y cumplir con las garantías judiciales consagradas en la Convención Americana de Derechos Humanos.
