En lo corrido de este 2026, la Gobernación del Atlántico ha logrado recuperar más de un millón de litros de agua potable que estaban siendo desviados mediante infraestructuras clandestinas en las zonas rurales del departamento. A través de 120 intervenciones técnicas, las autoridades detectaron que el recurso, destinado al consumo humano, era acaparado principalmente por grandes finqueros, ganaderos y agricultores para actividades productivas irregulares.
La magnitud del desvío tiene nombres y cifras propias. En el municipio de Luruaco, por ejemplo, una sola línea de conducción de 8 kilómetros que abastece al corregimiento de Santa Cruz presentaba 27 conexiones ilegales. Este sabotaje redujo drásticamente el bombeo de 22 litros por segundo a tan solo 5, dejando a miles de familias con un chorro mínimo en sus viviendas. En Manatí, la situación es igual de crítica: 33 conexiones en fincas privadas roban cerca de 1.500 metros cúbicos diarios, una pérdida valorada en 2.000 millones de pesos que afecta directamente a 40.000 habitantes.
Más allá del daño técnico, la administración departamental ha decidido llevar el caso a los estrados judiciales. A la fecha, se han interpuesto 36 denuncias penales ante la Fiscalía, señalando que el hurto del líquido no es un daño contra una empresa operadora, sino un atentado contra el derecho fundamental de la gente a la salud y la vida. «No es posible que inversiones de 1,3 billones de pesos se queden en manos de terratenientes mientras las familias sufren por la falta de presión», advirtió Lady Ospina, secretaria de Agua Potable del departamento.
Los operativos, que cuentan con el respaldo de la Policía, el CTI y la empresa Aqualia, continuarán de manera indefinida en las zonas sur y oriental del Atlántico. Según el reporte técnico, estas derivaciones clandestinas alteran el equilibrio hidráulico del sistema, provocando intermitencias que castigan con mayor dureza a las comunidades más alejadas, quienes terminan pagando las consecuencias de un recurso que se queda en el camino.
