La Procuraduría General de la Nación anunció que ejercerá una vigilancia estricta sobre los compromisos asumidos por los entes territoriales para hacer frente a la actual temporada de lluvias y los efectos de los frentes fríos que afectan al país en 2026. A través de un trabajo interinstitucional de seguimiento preventivo, el Ministerio Público busca garantizar que las autoridades locales cumplan con las tareas de mitigación y atención de emergencias para proteger a las poblaciones vulnerables.

Como parte de este esquema de control, se ha solicitado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que socialice y entregue formalmente el listado de los municipios que se encuentran dentro del área de mayor afectación. Este reporte, que deberá ser remitido a la Gobernación de Antioquia y a la propia Procuraduría antes del 11 de mayo, servirá como base para identificar las zonas donde el riesgo de desastres es más crítico y donde se requiere una intervención inmediata.

Asimismo, el organismo de control puso especial atención en la gestión administrativa de los censos de damnificados. En este sentido, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN) deberá informar cuáles son los municipios que aún no han reportado los datos necesarios en los sistemas oficiales (RUD y EDAN). La falta de estos registros técnicos es actualmente uno de los principales obstáculos para que las ayudas humanitarias y los recursos lleguen de manera oportuna a las familias afectadas.

Finalmente, la Procuraduría confirmó que supervisará cada etapa del Plan de Recuperación Temprana diseñado bajo el marco del decreto de emergencia económica, social y ecológica. El objetivo principal de este acompañamiento es verificar que el proceso sea transparente y que la inclusión de las personas damnificadas se realice de forma efectiva, evitando que la burocracia o la falta de planeación retrasen el restablecimiento de las condiciones de vida en las regiones golpeadas por el clima.