La Defensoría del Pueblo se pronunció frente al debate nacional sobre la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) y la suspensión de órdenes de captura para integrantes de grupos armados organizados vinculados a procesos de paz impulsados por el Gobierno nacional.

En el documento, la entidad recordó que estas medidas han sido utilizadas por distintos gobiernos desde finales de los años noventa y hacen parte de las facultades presidenciales contempladas en la Ley de Orden Público. Sin embargo, advirtió que dichas decisiones deben cumplir condiciones constitucionales y legales específicas.

La Defensoría explicó que el presidente de la República tiene la potestad de solicitar la suspensión temporal de órdenes de captura, incluso con fines de extradición, para integrantes de grupos armados incluidos en listados entregados oficialmente al Gobierno. No obstante, señaló que estas facultades no son ilimitadas y deben estar acompañadas de controles institucionales, delimitación territorial y mecanismos de verificación.

Uno de los principales puntos del pronunciamiento se centra en la definición de un “estado avanzado” dentro de un proceso de paz, requisito necesario para establecer las ZUT. Según la entidad, estas zonas solo serían procedentes cuando exista un escenario cercano al desarme, la desmovilización y la reincorporación de los integrantes de los grupos armados a la vida civil.

La Defensoría también indicó que el Gobierno debe demostrar avances concretos en aspectos como la reducción de la violencia, las transformaciones territoriales y el tránsito a la legalidad, pilares fundamentales del modelo de “Paz Total”.

Asimismo, el organismo alertó sobre cuatro riesgos principales relacionados con estas medidas. El primero tiene que ver con posibles afectaciones a los derechos de las víctimas, especialmente en temas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

El segundo riesgo está relacionado con el contexto electoral y las expectativas que podrían generarse entre los grupos armados en medio de la transición de gobierno y las elecciones presidenciales de 2026.

La Defensoría también advirtió sobre posibles amenazas para la seguridad de las comunidades y de quienes eventualmente sean concentrados en las ZUT, particularmente en territorios donde persisten confrontaciones armadas o fuerte presencia de estructuras ilegales.

Finalmente, la entidad expresó preocupación por el impacto que estas decisiones podrían tener sobre comunidades étnicas ubicadas en zonas donde se proyectan estos espacios de concentración, señalando la necesidad de garantizar procesos adecuados de consulta previa y protección de derechos colectivos.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno nacional para que las decisiones relacionadas con las Zonas de Ubicación Temporal estén plenamente sustentadas y cuenten con garantías verificables para la población civil y las víctimas del conflicto.