Durante una intervención en el medio Noticias Ya, el abogado penalista y profesor universitario Miguel Bolívar Acuña se pronunció sobre el proceso de extradición relacionado con los capturados por el caso de Yulixa Toloza, explicando las implicaciones jurídicas internacionales que rodean este procedimiento entre Colombia y Venezuela.

Bolívar Acuña señaló que la extradición es un acto de derecho internacional público que depende de los tratados existentes entre los países y de las normas constitucionales internas de cada Estado. Explicó que Colombia solicitó la extradición de los señalados implicados, quienes habrían cometido el delito en Bogotá y posteriormente huyeron hacia territorio venezolano.

Sin embargo, indicó que Venezuela se opone a la entrega de los capturados debido a que su Constitución prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos, argumentando que estos deben ser juzgados en su propio país. El jurista precisó que esta postura genera un debate jurídico internacional, pese a la existencia del Tratado Bolivariano de Extradición firmado en 1911 entre Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.

“El principio filosófico de la extradición es evitar que los delitos queden impunes en cualquier parte del mundo”, manifestó Bolívar Acuña, quien además consideró importante que exista cooperación judicial entre ambas naciones para garantizar justicia en este caso.

El abogado también explicó que para que proceda una extradición el hecho investigado debe estar tipificado como delito en ambos países y contar con penas significativas. En ese sentido, afirmó que el homicidio sí es una conducta castigada tanto en Colombia como en Venezuela.

Sobre el caso específico, señaló que las autoridades deberán determinar si la muerte de Yulixa Toloza corresponde a un homicidio doloso o culposo, teniendo en cuenta que el procedimiento estético presuntamente fue realizado por personas sin autorización profesional. Indicó que, de confirmarse que quienes practicaron el procedimiento no tenían certificaciones legales, esto podría agravar la responsabilidad penal por ejercicio ilícito de una profesión.

Bolívar Acuña también recordó que el principio de territorialidad establece que los delitos deben ser juzgados en el país donde fueron cometidos, razón por la cual considera que los implicados deberían responder ante la justicia colombiana.

Finalmente, el penalista advirtió sobre la importancia de evitar escenarios de impunidad internacional y pidió que las autoridades continúen adelantando las gestiones jurídicas necesarias para esclarecer el caso y garantizar que haya sanciones conforme a la ley.