El abogado penalista y exalcalde Miguel Bolívar Acuña explicó las diferencias entre las anotaciones judiciales y los antecedentes penales, dos conceptos que, según aseguró, suelen confundirse en la información pública y generan interpretaciones equivocadas sobre la situación jurídica de una persona.

Durante una entrevista, Bolívar Acuña señaló que las anotaciones judiciales corresponden a registros administrativos que reflejan la interacción de una persona con las autoridades, pero no constituyen una prueba de responsabilidad penal ni pueden entenderse como la comisión de un delito.

“Las anotaciones judiciales son una especie de biografía administrativa de una persona frente a las autoridades. No significan que alguien haya sido condenado ni que tenga responsabilidad penal”, explicó.

En contraste, indicó que los antecedentes penales solo existen cuando una persona ha sido condenada mediante una sentencia ejecutoriada, es decir, una decisión judicial definitiva sobre la cual ya no proceden recursos.

El jurista precisó que una condena que aún puede ser apelada no genera antecedentes judiciales, pues solo adquiere esa condición cuando el fallo queda en firme.

Asimismo, advirtió que el uso incorrecto de ambos conceptos puede generar estigmatización y afectar la percepción ciudadana sobre quienes apenas enfrentan investigaciones o procesos judiciales.

Bolívar Acuña hizo un llamado a las autoridades y a los medios de comunicación para utilizar con precisión la terminología jurídica al momento de informar sobre capturas o investigaciones, evitando presentar anotaciones judiciales como si fueran antecedentes penales.

El abogado también recordó que la Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, por lo que insistió en que el periodismo debe limitarse a informar los hechos comprobados y diferenciar claramente entre información y opiniones.

Finalmente, señaló que en los espacios de opinión los invitados pueden expresar sus puntos de vista, pero recalcó que la labor informativa debe centrarse en los hechos, con el fin de evitar desinformación y proteger los derechos de las personas involucradas en procesos judiciales.