El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la condena contra la Policía Nacional por la muerte de Dilan Cruz, el joven de 18 años que falleció en noviembre de 2019 tras ser impactado por un proyectil disparado por un integrante del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante una jornada de protestas en Bogotá.

En su decisión, el Tribunal concluyó que hubo una falla en el servicio por parte de la institución, al considerar que el arma utilizada fue catalogada como “menos letal”, pero no se brindó información suficiente a los uniformados sobre su potencial capacidad de causar lesiones mortales.

La corporación judicial indicó que esta situación afectó la adecuada aplicación de los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad en el uso de la fuerza. Asimismo, señaló que las pruebas analizadas no evidenciaron un contexto de violencia que justificara el uso de un elemento con capacidad letal.

El fallo también subrayó que el ejercicio del derecho a la protesta, protegido por la Constitución y los tratados internacionales, no puede convertirse en una razón para afectar derechos fundamentales como la vida y la dignidad humana.

En ese sentido, el Tribunal consideró que, aunque Dilan Cruz participaba en una manifestación y habría devuelto gases lacrimógenos lanzados por el Esmad, dicha conducta no justificaba el empleo de un arma con potencial letal.

Como parte de las medidas de reparación, la decisión judicial ordenó a la Policía Nacional realizar un acto público de reconocimiento institucional de responsabilidad y ofrecer disculpas a la familia del joven. El acto deberá ser encabezado por el actual director de la institución.

Dilan Cruz resultó herido el 23 de noviembre de 2019 durante una protesta en el centro de Bogotá y falleció dos días después en un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La decisión del Tribunal ratifica la responsabilidad estatal en este caso y reabre el debate sobre el uso de la fuerza en escenarios de protesta social y las garantías para el ejercicio de los derechos ciudadanos.