Los congresistas que asumirán funciones a partir del 20 de julio recibirán un salario inferior al de sus antecesores, luego de la entrada en vigor del decreto que elimina la prima especial de servicios, una medida con la que el Gobierno busca reducir el gasto público y las brechas salariales.

Con esta decisión, el ingreso bruto mensual de senadores y representantes pasará de $55,1 millones a $37 millones, mientras que el salario neto, después de los descuentos de ley, se reducirá de aproximadamente $32,8 millones a cerca de $22 millones.

La prima eliminada, equivalente a $18,1 millones mensuales, había sido creada en 2013 y representaba cerca de una tercera parte de la remuneración de los legisladores.

El Gobierno estima que la eliminación de este beneficio generará un ahorro cercano a $62.000 millones al año para las finanzas públicas y hace parte de una política de austeridad estatal.

No obstante, el decreto enfrenta varias demandas ante el Consejo de Estado, cuyos demandantes sostienen que el Ejecutivo no tenía competencia para modificar ese componente salarial y advierten que la decisión también podría afectar la remuneración de otros altos funcionarios del Estado cuyos salarios están atados al de los congresistas.

Mientras se resuelve la legalidad de la medida, el nuevo Congreso iniciará su periodo legislativo con un salario reducido respecto al que recibían los parlamentarios en los últimos años.