Defensoría advierte riesgo para cinco municipios del Atlántico por disputa de grupos armados y economías ilegales

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 019 de 2026 para los municipios de Luruaco, Repelón, Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo, ante el riesgo de vulneraciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de sus habitantes por la presencia y disputa territorial de estructuras armadas ilegales.

De acuerdo con el documento, la subregión Centro del Atlántico tiene una importancia estratégica debido a que funciona como corredor de movilidad entre el Área Metropolitana de Barranquilla, el Canal del Dique y departamentos como Bolívar y Magdalena. Esta ubicación estaría siendo aprovechada para el desarrollo y transporte de actividades relacionadas con economías ilícitas.

La Defensoría identificó una coexistencia violenta y un reacomodo territorial entre diferentes estructuras, entre ellas el autodenominado EGC, el Bloque Resistencia Caribe de ‘Los Costeños’, ‘Los Pepes’, ‘Los Rastrojos Costeños’ y bandas locales tercerizadas. Según la alerta, estos grupos estarían disputando rentas provenientes principalmente de la extorsión, el microtráfico y el hurto de ganado, además de utilizar las rutas terrestres y fluviales de la zona para movilizar armas, estupefacientes e insumos químicos.

Uno de los fenómenos que más preocupa a la entidad es la denominada gobernanza armada ilegal, mediante la cual estas estructuras impondrían normas de comportamiento, restricciones a la movilidad y las llamadas ‘fronteras invisibles’, además de ejercer presión sobre comunidades y sectores económicos. También se han advertido amenazas mediante panfletos, homicidios selectivos, atentados y desplazamientos forzados silenciosos.

Las cifras de homicidios evidencian parte de la gravedad del escenario. En Sabanalarga, la tasa pasó de 9,23 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023 a 31,55 en 2025, mientras que en Baranoa aumentó de 2,16 a 24,88 durante el mismo periodo. Además, los homicidios contra mujeres en los cinco municipios se quintuplicaron entre 2023 y 2024, al pasar de uno a seis casos.

La alerta también pone especial atención sobre niñas, niños, adolescentes y jóvenes, debido al riesgo de reclutamiento, utilización e instrumentalización por parte de los grupos armados. Según el documento, estas estructuras recurrirían incluso a la entrega de regalos, mercados y otros incentivos para atraer a menores y posteriormente vincularlos a labores de vigilancia, mensajería criminal y otras actividades ilícitas.

Otros sectores considerados en condición de riesgo son las comunidades étnicas, líderes sociales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, mujeres, población con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, población migrante, comerciantes, ganaderos, mototaxistas y transportadores intermunicipales.

La Defensoría advierte que, si no se implementan acciones preventivas, podrían aumentar los homicidios, las extorsiones, el reclutamiento de menores, los desplazamientos y las amenazas contra liderazgos comunitarios, además de generarse afectaciones económicas como el cierre de establecimientos y el deterioro de las actividades productivas.

Ante este panorama, la entidad formuló 31 recomendaciones dirigidas a autoridades nacionales y territoriales. Entre las acciones solicitadas están fortalecer la presencia institucional, mejorar la investigación y el acceso a la justicia, implementar medidas de protección para las poblaciones en riesgo, atender a las víctimas y reforzar la prevención del reclutamiento de menores.

La Defensoría también pidió activar con urgencia la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) y fortalecer la coordinación entre el Gobierno Nacional, la Gobernación del Atlántico, las alcaldías, la Fuerza Pública, la Fiscalía y demás entidades competentes.

La Alerta Temprana 019 de 2026 reemplaza y da por cerrada la Alerta 029 de 2022. La Defensoría recordó que este tipo de alertas tienen un carácter preventivo y buscan que las autoridades adopten medidas antes de que los riesgos advertidos se conviertan en nuevas afectaciones contra las comunidades.

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