Después de más de dos décadas de procesos judiciales, las familias afectadas por los problemas estructurales de varios conjuntos residenciales de Campo Alegre comienzan a ver avances hacia una posible solución. El abogado Roberto Tapia confirmó que ya existen acuerdos definitivos con el Distrito de Barranquilla para la adquisición de los 51 apartamentos de las torres 3, 4 y 5 del conjunto residencial Privilegios.

El acuerdo deberá ser presentado ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, que tendrá que aprobarlo en cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado emitida en abril de 2026. De acuerdo con el abogado, los propietarios de los apartamentos que no tengan limitaciones jurídicas sobre sus inmuebles podrían comenzar a recibir los pagos durante septiembre.

Los 51 apartamentos serán incluidos en el proceso de compra, independientemente de si las torres resultaron afectadas directamente por el colapso ocurrido en noviembre de 2024, hecho que dejó una persona fallecida y varios niños lesionados. Las torres 1 y 2 ya habían sido adquiridas años atrás, por lo que el proceso actual se concentra principalmente en las torres 3, 4 y 5.

En el caso de Colina Campestre 1 y 2, donde existen 345 apartamentos, el proceso también avanza. Una sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó la demolición de las edificaciones y la construcción de nuevas viviendas, además del pago de subsidios de arriendo mientras se desarrolla el proceso de reubicación.

Según Tapia, el cumplimiento de esa sentencia podría representar para el Distrito un costo considerablemente superior al de adquirir directamente los apartamentos. El abogado estima que la reconstrucción, la compra del terreno y los gastos de arrendamiento durante el tiempo requerido podrían superar los $230.000 millones, mientras que su propuesta de adquisición está alrededor de los $80.000 millones.

Actualmente, la Lonja adelanta los avalúos de los inmuebles de Colina Campestre, estudios que servirán como base para determinar los valores de una eventual negociación. Tapia señaló que espera que antes de finalizar este año puedan existir cifras y acuerdos concretos frente a la compra de los apartamentos.

La situación también se extiende a otros conjuntos residenciales de Campo Alegre y a algunas viviendas de Ciudad Jardín. En estos casos, el Juzgado 11 Administrativo espera los resultados de nuevos peritazgos que permitirán establecer el valor de los inmuebles y determinar las compensaciones correspondientes dentro de los procesos judiciales.

El abogado explicó que estos procedimientos están relacionados con procesos que llevan cerca de 21 años y que involucran a alrededor de 1.000 propietarios, lo que representa a miles de personas afectadas. Para las familias, los avances representan una posibilidad de cerrar un capítulo que durante años ha estado marcado por procesos judiciales, dificultades habitacionales y la espera de una solución definitiva.