Un proyecto de ley radicado en el Congreso busca facilitar el acceso de las familias colombianas a una vivienda propia mediante la posibilidad de adquirir primero un lote con crédito hipotecario y construir la vivienda de manera progresiva.

La iniciativa, presentada por la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, también propone reducir el costo de construcción y establecer medidas para fortalecer a los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas en las regiones.

Uno de los principales puntos plantea que durante 2027, 2028 y 2029 los materiales destinados a la construcción de vivienda estén exentos del IVA. La medida busca disminuir los costos para las familias y, al mismo tiempo, dinamizar la actividad de ferreterías, maestros de obra, pequeños constructores y otros negocios relacionados con el sector.

El proyecto también propone permitir que los créditos individuales de vivienda a largo plazo puedan utilizarse para comprar lotes urbanos o rurales, incluso cuando todavía no exista una vivienda construida. De esta manera, las familias podrían adquirir primero el terreno y posteriormente levantar su vivienda de acuerdo con sus posibilidades económicas.

La iniciativa incluye además medidas dirigidas a los emprendedores. Se plantea un régimen automático de estabilidad jurídica durante los primeros cinco años de las micro, pequeñas y medianas empresas, con el propósito de evitar que nuevas cargas tributarias o administrativas nacionales afecten las condiciones bajo las cuales fueron creadas.

Durante ese mismo periodo, las mipymes tampoco tendrían que asumir el pago por el registro o la renovación de la matrícula mercantil, según la propuesta.

Otro componente busca facilitar el acceso a capital para nuevos negocios mediante incentivos para que grandes contribuyentes puedan aportar capital semilla a emprendimientos sin adquirir participación en las empresas.

De acuerdo con la exposición de motivos, solo el 2,5 % de las microempresas en Colombia tendría acceso a crédito formal, mientras que la brecha de financiamiento de las mipymes se estima en $67,89 billones. La propuesta también señala que el déficit habitacional continúa afectando especialmente a hogares rurales y familias que viven en arriendo.