Los retrasos en la construcción de la Gran Vía, especialmente en la Unidad Funcional 2, han generado graves afectaciones económicas y sociales para comerciantes y residentes del corredor universitario. Así lo denunció el abogado y veedor ciudadano Gabriel Pachón, quien presentó un informe sobre los impactos ocasionados por la ejecución del proyecto.

Según explicó, la obra estaba prevista inicialmente para ser entregada en septiembre de 2024 y, tras varios incumplimientos, ahora se espera que finalice en diciembre de 2026. El proyecto, cuyo contrato principal tuvo un costo cercano a los 93.000 millones de pesos, también ha registrado adiciones presupuestales relacionadas con demoras, dificultades técnicas y fallas en la planeación.

Pachón señaló que la interventoría estuvo a cargo de Edubar S.A. y que los estudios previos contratados por la Gobernación del Atlántico no contemplaron adecuadamente las condiciones del terreno, especialmente en la zona del deprimido. Entre las dificultades identificadas mencionó la presencia de una formación rocosa más resistente de lo previsto y la necesidad de modificar redes de acueducto, energía y telecomunicaciones.

El veedor afirmó que la falta de coordinación con entidades como Triple A, Air-e, Gases del Caribe y empresas de telecomunicaciones también contribuyó a la prolongación de los trabajos. De acuerdo con su explicación, fue necesario rediseñar conexiones, reemplazar tuberías, postes y otros elementos que no estaban contemplados en los diseños iniciales.

La situación ha tenido un impacto directo en la actividad comercial del sector. El informe documentó 52 casos de comerciantes afectados, entre ellos 33 establecimientos formales y 18 integrantes de la economía popular. Pachón aseguró que más del 50 % de los negocios redujo sus operaciones hasta en un 70 %, mientras que al menos siete establecimientos habrían cerrado definitivamente.

El abogado también indicó que varios comerciantes tuvieron que disminuir su planta de personal y que algunos pasaron de vender cientos de productos al día a comercializar apenas unas pocas unidades. La afectación, sostuvo, se extendió a trabajadores, residentes y negocios ubicados en el centro comercial de La Campiña.

Frente a las posibles compensaciones, Pachón explicó que las aseguradoras del proyecto establecieron inicialmente una suma cercana a los 1.600 millones de pesos para reparar a los comerciantes afectados. Sin embargo, advirtió que este monto podría resultar insuficiente frente a la magnitud de las pérdidas registradas.

El proceso jurídico se desarrolla a través de dos acciones. La primera, una acción popular, ya estableció la vulneración de derechos e intereses colectivos y atribuyó responsabilidad a la Gobernación del Atlántico, Edubar S.A. y el consorcio encargado de las obras. La segunda es una acción de grupo, mediante la cual los afectados buscan obtener una reparación económica; este proceso estaría próximo a ser fallado.

Pachón sostuvo que las molestias ocasionadas por una obra pública pueden ser soportadas durante un tiempo razonable, pero que una prolongación excesiva, acompañada de pérdidas económicas y lucro cesante, debe dar lugar a una indemnización.

Aunque actualmente se observan trabajos de movimiento de tierra, reubicación de postes y adecuación de redes, el veedor pidió que la entrega no se limite a la carretera. También reclamó la recuperación de andenes, parques y demás espacios públicos afectados, así como la correcta conexión de los servicios públicos.

Finalmente, manifestó que la comunidad espera que la obra sea entregada completamente en diciembre de 2026 y no de manera parcial, luego de varios años de retrasos que han afectado la movilidad, el comercio y la calidad de vida de quienes viven y trabajan en el sector.