La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cuestionó la propuesta de reducir el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y trasladar recursos al Consejo Superior de la Judicatura. La iniciativa fue planteada por el senador Enrique Gómez y recibió respaldo público del presidente Abelardo De La Espriella.
Marín sostuvo que las decisiones políticas relacionadas con la JEP deben ajustarse a las disposiciones constitucionales y señaló que garantizar el funcionamiento de esta jurisdicción hace parte de las obligaciones del Estado.
La propuesta contempla el traslado de $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP a la Rama Judicial. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, ha advertido que un recorte de ese monto afectaría la capacidad de funcionamiento del tribunal.
La Defensora recordó que la JEP fue incorporada al ordenamiento constitucional mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y que el Acto Legislativo 02 del mismo año estableció disposiciones relacionadas con el cumplimiento de buena fe del Acuerdo Final de Paz.
“La decisión política de oponerse a la JEP no puede estar por encima de la Constitución”, afirmó Marín, quien pidió al Gobierno y al Congreso garantizar las condiciones para que el tribunal pueda desarrollar sus funciones.
La propuesta de modificación presupuestal aún debe surtir el trámite correspondiente y, según lo informado, requiere el aval del Ministerio de Hacienda y el respaldo del Congreso.
