La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 25 bienes que estarían relacionados con seis de los señalados involucrados en el entramado de corrupción investigado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

De acuerdo con el ente acusador, se trata de 19 inmuebles y seis sociedades ubicados o registrados en Bogotá y nueve departamentos, cuyo valor preliminar superaría los $20.000 millones.

Entre las personas cuyos patrimonios estarían relacionados con los activos afectados se encuentran los exdirectivos de la UNGRD Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, los expresidentes del Congreso y de la Cámara de Representantes Iván Leónidas Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, respectivamente, además del contratista Luis Eduardo López Rosero y el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo.

Las diligencias se desarrollan en Bogotá, Medellín, Montería, Pasto, Chachagüí, Sopó, Tabio, Cúcuta, Villavicencio y Sabana de Torres. En los procedimientos participan funcionarios del CTI, en coordinación con el Ejército Nacional.

Según la Fiscalía, las medidas incluyen la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, haberes y negocios.

En el caso de Name Vásquez, cuatro activos ubicados en Bogotá, Juan de Acosta, Villavicencio y Sopó estarían relacionados con su patrimonio. En uno de ellos, la medida cautelar recae únicamente sobre el 33 % de la propiedad que le correspondería.

También fueron afectados cuatro inmuebles ubicados en Montería que estarían relacionados con Andrés Calle; un inmueble en Medellín atribuido a Olmedo López; otro en Sabana de Torres a nombre de Sneyder Pinilla, y un predio ubicado en Tabio que estaría relacionado con Pedro Rodríguez.

Por su parte, siete bienes ubicados en Pasto, Chachagüí y Cúcuta tendrían relación, según la investigación, con el contratista Luis Eduardo López Rosero. La Fiscalía indicó que entre estos activos hay sociedades que presuntamente habrían sido utilizadas para participar en maniobras relacionadas con la contratación de la UNGRD y el movimiento de recursos.

La Fiscalía aclaró que las medidas hacen parte de la investigación patrimonial adelantada dentro del caso y tienen como finalidad afectar bienes que presuntamente estarían relacionados con las conductas investigadas.