El Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó avanzar en el cumplimiento de las decisiones judiciales relacionadas con el desmonte del régimen tarifario especial de energía eléctrica que se aplica en la región Caribe.
La medida se da luego de que el Consejo de Estado dejara en firme el fallo que ordena adoptar acciones para modificar las condiciones tarifarias y reducir los costos que actualmente asumen los usuarios del Caribe. Entre los puntos pendientes está el desmonte de la sobretasa asociada al componente de comercialización.
Según explicó Norman Alarcón, integrante de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos y coadyuvante dentro de la acción popular, esta sería la última parte del régimen especial que permanece vigente. De acuerdo con su explicación, otros componentes relacionados con el reconocimiento de pérdidas por fraude e inversiones futuras ya no estarían siendo trasladados de la misma manera a los usuarios.
Alarcón sostuvo que la eliminación de la sobretasa podría representar una reducción estimada de entre 50 y 60 pesos por kilovatio hora, aunque el impacto final dependerá del consumo y de las decisiones regulatorias que adopten las autoridades competentes.
El proceso se originó en una acción popular promovida por personeros de la región Caribe para cuestionar el régimen tarifario especial. El Consejo de Estado confirmó en junio de 2026 la decisión que obliga a las autoridades a adoptar medidas para reducir las tarifas y desmontar los componentes cuestionados.
Ahora, la atención está puesta en las decisiones que adopten el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para dar cumplimiento a las órdenes judiciales. De acuerdo con Alarcón, si no se acata lo dispuesto, continuaría el trámite de un incidente de desacato promovido por el personero distrital de Barranquilla.
El régimen tarifario especial para la Costa Caribe fue establecido como una medida transitoria tras la intervención de Electricaribe y contempló reglas particulares para las actividades de distribución y comercialización de energía en la región. La Corte Constitucional también ha reconocido el carácter excepcional y transitorio de este esquema.
La eventual modificación de este componente podría tener impacto en millones de usuarios residenciales y en el sector productivo de la región Caribe, por lo que se espera que las autoridades regulatorias definan los pasos para ejecutar las decisiones judiciales.