La Fiscalía solicitó este jueves una condena de 12 años de prisión y 10 de inhabilitación profesional para el neurocirujano Leopoldo Luque, médico de cabecera de Diego Armando Maradona, dentro del juicio que busca determinar las responsabilidades por la muerte del exfutbolista argentino.

Luque está acusado de homicidio simple con dolo eventual, figura que contempla que el acusado habría sido consciente de que sus acciones u omisiones podían derivar en la muerte y, aun así, asumió ese riesgo.

Durante sus alegatos de cierre, los fiscales también solicitaron 10 años de prisión y 10 de inhabilitación para Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, y ocho años de prisión y 10 de inhabilitación para la psiquiatra Agustina Cosachov, ambas acusadas bajo la misma figura de homicidio con dolo eventual.

Para el psicólogo Carlos Díaz, la Fiscalía pidió cinco años de prisión y 10 de inhabilitación profesional. En el caso del jefe de enfermeros Mariano Perroni y del enfermero Ricardo Almirón, solicitó cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación, al considerar que incurrieron en homicidio culposo.

En contraste, los fiscales solicitaron la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, quien únicamente atendió a Maradona en una oportunidad. Según la Fiscalía, el profesional no tenía potestad ni capacidad de decisión sobre el tratamiento que recibía el exjugador.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, mientras permanecía bajo un tratamiento médico domiciliario. Durante el cierre del juicio, el fiscal Patricio Ferrari sostuvo que los seis acusados habrían incumplido sus responsabilidades profesionales y sometido al exfutbolista a un esquema de atención marcado por la desorganización.

La Fiscalía describió el tratamiento como “anárquico”, con dos estructuras de dirección y canales de información independientes. Los investigadores también revisaron mensajes extraídos de los teléfonos de los acusados, además de los testimonios presentados durante el proceso.

El juicio comenzó el 14 de abril ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora se han desarrollado 45 audiencias de pruebas y declarado 75 testigos. Las solicitudes de pena deberán ser analizadas por el tribunal, que será el encargado de determinar las responsabilidades penales en el caso.