La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 11 antiguos comandantes de los extintos bloques Magdalena Medio y Caribe de las FARC-EP, al considerarlos máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en diferentes regiones del norte y nororiente de Colombia.

Entre los señalados se encuentran Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, y Pastor Lisandro Alape Lascarro, antiguos integrantes del último Secretariado de las FARC. También fueron incluidos nueve excomandantes regionales que tuvieron responsabilidades en las estructuras investigadas.

Por el Bloque Magdalena Medio fueron imputados Erasmo Traslaviña Benavides, alias ‘Jimmy Guerrero’; Pedro Trujillo Hernández, conocido como ‘Alberto Cancharina’, y Jairo Reinaldo Cala Suárez, alias ‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’.

En cuanto al Bloque Caribe, también conocido como Bloque Martín Caballero, la decisión cobija a Abelardo Caicedo Colorado, alias ‘Solís Almeida’; Osmany Landero Fajardo, ‘Hernando González’; Gilberto de Jesús Giraldo David, ‘Aldemar Altamiranda’; Luis Alejandro Cuadras Solórzano, ‘Leonardo Muñoz’; Uriel Antonio Oviedo Aldana, conocido como ‘Manuel Ortiz’ o ‘Mañe’, y Héctor Enrique Hernández López, alias ‘Fabio Borges’.

La investigación, adelantada en el marco del Caso 10 y bajo la coordinación del despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, estableció presuntas responsabilidades por conductas como homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones, torturas, ataques contra la población civil y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, además de violaciones y otras formas de violencia sexual.

La JEP también incluyó crímenes de lesa humanidad como asesinato, traslado forzoso de población, desaparición forzada, tortura y otros actos inhumanos. Por su gravedad, estas conductas no pueden ser objeto de amnistía ni de perdón judicial.

Para sustentar la decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad analizó los testimonios de 733 víctimas, 72 informes presentados por organizaciones y colectivos de derechos humanos, 1.859 denuncias de la Fiscalía y versiones de antiguos integrantes de las FARC, entre otros elementos probatorios. El proceso también recogió los relatos de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de integrantes de la Fuerza Pública afectados por el conflicto.

Entre los hechos documentados aparecen la toma guerrillera de Chalán y el atentado con un burro bomba en ese municipio de Sucre, en 1996; el ataque contra la caravana de Álvaro Uribe Vélez en Barranquilla, cuando era candidato presidencial en 2002, y la masacre de la finca La Duquesa, en Tibú, Catatumbo, ocurrida en 2004.

La investigación comprende territorios donde operaron ambas estructuras. El Bloque Magdalena Medio tuvo presencia en Santander, Norte de Santander, sur de Bolívar, sur del Cesar, Boyacá y diferentes zonas de Antioquia. Por su parte, el Bloque Caribe actuó en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre, con presencia en regiones como la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, los Montes de María y La Mojana.

La Jurisdicción señaló que esta decisión permite avanzar en el esclarecimiento de hechos que durante décadas permanecieron en la impunidad. Se trata del tercer auto de determinación de hechos y conductas del Caso 10, que registra 4.647 víctimas acreditadas en todo el país.

El pronunciamiento también incluye una imputación conjunta con el Subcaso 01 del Caso 11, que investiga las violencias sexuales, reproductivas, de género y por prejuicio cometidas por las antiguas FARC-EP contra la población civil.