Vocales de Control, representantes de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos y otras organizaciones sociales y comunitarias exigieron a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) modificar la Resolución 101 120 del 30 de julio de 2026, que establece sanciones para los usuarios que superen su promedio de consumo de los últimos 12 meses.

Los firmantes consideran que la medida afecta la economía de los hogares y de los sectores comerciales, industriales y agropecuarios, especialmente en la región Caribe, donde las altas temperaturas incrementan la demanda de energía. Según el pronunciamiento, más de 758.000 grupos familiares podrían estar sujetos a estas sanciones, con aumentos en las facturas de hasta un 40 %.

Las organizaciones también cuestionaron que la resolución se expidiera sin suficiente socialización ni campañas pedagógicas sobre el ahorro energético. Además, señalaron que no contempla mecanismos para que los usuarios expliquen situaciones que puedan justificar un mayor consumo, como cambios en las condiciones de sus viviendas o establecimientos comerciales.

Por estas razones, solicitaron reemplazar las sanciones por incentivos económicos para quienes reduzcan su consumo y propusieron que el Estado financie las campañas de ahorro. Su planteamiento quedó resumido en una consigna: «Incentivos sí, sanciones no».

El pronunciamiento fue firmado en Medellín, el 1 de noviembre de 2026, por representantes de organizaciones de usuarios, líderes sociales y figuras del sector energético, entre ellos el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta Medina.