La Fiscalía General de la Nación investiga a siete integrantes del Ejército Nacional que, presuntamente, se habrían apropiado irregularmente de recursos públicos destinados al pago de viáticos en un batallón de operaciones terrestres ubicado en Cúcuta, Norte de Santander. Los hechos habrían ocurrido entre enero y abril de 2025 y representarían un detrimento superior a los 10 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, los uniformados habrían presentado informes y documentos sobre supuestos desplazamientos a diferentes ciudades del país para justificar el reconocimiento de viáticos, pese a que algunos traslados no se habrían realizado o las actividades reportadas no corresponderían con las autorizadas. También se detectaron posibles alteraciones en los registros de comisiones de servicio de militares que se encontraban en otras situaciones administrativas.
Los investigados fueron identificados como el capitán Carlos Andrés Chía Sánchez; los sargentos primeros Julián Mauricio Alarcón Cely y Carlos Armando Bejarano Martín; el sargento viceprimero Édgar Armando Gamboa Ortega; y los sargentos segundos Javier Enrique Jiménez Ruiz, John Fredy Montenegro Garcés y Luis Eder Morales Sánchez. Para la época de los hechos, se desempeñaban en distintas áreas administrativas, logísticas y operacionales del batallón.
Las labores de policía judicial permitieron establecer inconsistencias entre las actividades consignadas en los informes y los registros institucionales de las unidades militares donde supuestamente debían cumplirse las comisiones. Las capturas fueron realizadas por el CTI de la Fiscalía y la Dijin de la Policía Nacional, con apoyo del Ejército, en Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Nilo, Sogamoso, Bucaramanga y Cúcuta.
Un fiscal de la Seccional Norte de Santander les imputó los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Sin embargo, los siete procesados no aceptaron los cargos.
Por decisión de un juez de control de garantías, los investigados continuarán vinculados al proceso con medidas no privativas de la libertad, entre ellas la prohibición de salir del país y de comunicarse con los testigos de la investigación.