El abogado Alfonso Camerano, quien ha seguido de cerca y denunciado por años las irregularidades en el sector inmobiliario del área metropolitana de Barranquilla, calificó de «descaro absoluto» la situación en Soledad, Atlántico, tras la reciente captura de 17 personas, incluyendo funcionarios públicos, por su presunta participación en un cartel de tierras.

En entrevista con un medio local, Camerano destacó que las detenciones son «una muestra apenas de lo que ocurre en la administración pública comprometida en mandos medios con estructuras que están dedicadas al hurto inmobiliario». El abogado señaló que este «azote» es permanente y delicado en toda el área metropolitana, afectando predios de alta valorización en corredores como la Circunvalar, la Vía al Mar y la Vía 40.

Camerano aplaudió la intervención de la Policía Nacional y la Fiscalía, quienes libraron las órdenes de captura y judicializaron a los implicados. Según el abogado, la investigación debería profundizarse, tal como lo anunció el presidente, con la posibilidad de que más personas sean capturadas.

El abogado relató casos emblemáticos en Soledad, como el despojo de 34 hectáreas a la familia Camacho en el barrio La Central, donde incluso se instaló una fábrica de ladrillos con la aparente indiferencia de las autoridades locales. También mencionó la pérdida de parte del legado de los Muti y afectaciones a otras familias y predios en la zona.

Camerano explicó que el problema en Soledad es de larga data, con «secretarías de Gobierno contaminadas, inspecciones de policía contaminadas, notaría» y una red que involucra abogados, topógrafos, arquitectos y testigos falsos. Advirtió que esta estructura, aunque ahora se evidencia en mandos medios, tendría conexiones con funcionarios de primer nivel y políticos.

El abogado detalló cómo opera el cartel, aprovechándose de la información catastral y de la negligencia de propietarios que descuidan sus terrenos. Incluso, señaló el uso de personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo venezolanos, para simular posesiones.

Ante esta situación, Camerano recomendó a los ciudadanos que se vean afectados acudir de inmediato a las inspecciones de policía y convivencia para solicitar amparo policial, tomar posesión física de sus lotes, cercarlos, contratar vigilancia y demostrar sus actos de posesión como propietarios.

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Durante la misma emisión, una ciudadana, Clara Pérez, denunció haber sido víctima de un presunto fraude por parte de un tramitador de la Notaría 12 de Barranquilla, quien recibió dinero para la legalización de una escritura que nunca se realizó, generando una situación de indefensión para la denunciante.