El abogado Alejandro Carranza, representante del expresidente Gustavo Petro, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, en medio de la controversia por el supuesto ‘Pacto de Valledupar’.

El caso se relaciona con señalamientos según los cuales Petro habría ordenado buscar acuerdos con antiguos integrantes de grupos paramilitares para promover acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el actual mandatario, Abelardo De La Espriella. La denuncia busca que las autoridades esclarezcan el origen de estas afirmaciones y determinen si existen elementos que las sustenten.

Carranza explicó que acudió a la Fiscalía para que Mancuso precise quién, supuestamente desde el Gobierno, le habría solicitado entregar declaraciones contra Uribe y De La Espriella. El jurista también incluyó a Rodríguez en la acción judicial y negó que Petro le hubiera ordenado gestionar un supuesto “entrampamiento” o promover falsos testimonios contra los dos dirigentes.

El abogado sostuvo que, si el expresidente hubiera tenido información sobre presuntos vínculos criminales entre esas figuras y el paramilitarismo, habría realizado directamente las denuncias correspondientes. Por ello, cuestionó las versiones que atribuyen a Rodríguez actuaciones en nombre de Petro.

Como parte de las diligencias solicitadas, Carranza anunció que pedirá revisar actas, grabaciones y otros elementos que permitan reconstruir lo ocurrido. También planteó que se escuche al exministro Armando Benedetti para que entregue información sobre las reuniones y las posibles instrucciones relacionadas con el caso.

La Fiscalía deberá evaluar la denuncia y las pruebas que se aporten para establecer si hay mérito para adelantar actuaciones judiciales. Por ahora, los señalamientos hacen parte de una controversia que requiere esclarecimiento por parte de las autoridades y no constituyen, por sí mismos, prueba de responsabilidad penal de las personas mencionadas