Con la aprobación del tercer debate en la Comisión Cuarta, la Reforma Laboral se prepara para su cuarto y decisivo paso en la plenaria del Congreso la próxima semana. Rosmery Quintero, directora ejecutiva de Acopi en el departamento del Atlántico y exdirectora nacional, ofreció un análisis sobre los principales cambios aprobados, su impacto en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y la percepción del sector empresarial frente al panorama económico y normativo actual.
Según Quintero, la mayoría de los artículos han sido aprobados, incluyendo los recargos en días de descanso obligatorio, que ahora contemplan un 100% pero con una gradualidad que Acopi había propuesto para permitir que el sector empresarial se ajuste. Un punto de gran preocupación para Acopi es la situación del contrato de aprendizaje. Aunque se mantiene como un contrato especial, se ha añadido la obligación de que los empleadores asuman el aporte a pensión de los jóvenes en etapa productiva, además de los riesgos y la salud. Si bien no todos los empresarios encuestados por Acopi (sondeo a 1.900 a nivel nacional) estuvieron de acuerdo con este cambio, el gremio considera que es justo y apropiado, especialmente al considerar casos de accidentes. Sin embargo, Quintero enfatizó que convertirlo en un contrato laboral afectaría al mismo aprendiz, limitando sus oportunidades debido a los costos y la necesidad de personal dedicado a su orientación.
Un aspecto positivo resaltado por Quintero es la eliminación de la propuesta de ampliar la licencia de paternidad, considerando que Colombia ya es «bondadosa» en este aspecto comparado con otros países latinoamericanos. Asimismo, un 80% de los empresarios están de acuerdo con la jornada flexible para cuidadores de personas con discapacidad o hijos, facilitando el equilibrio entre vida laboral y responsabilidades familiares.
No obstante, un punto de gran preocupación para Acopi es la obligatoriedad de contratar personas con discapacidad. Aunque con «gran sentido humano», Quintero argumentó que esta medida debería aplazarse y realizarse un trabajo previo, dado que implica costos de adaptación y la necesidad de compatibilizar la discapacidad con el riesgo inherente a ciertos puestos de trabajo, especialmente en empresas de alto riesgo. La directora de Acopi insistió en que la contratación debe basarse en la necesidad y las condiciones del empleador, no en una imposición obligatoria.
Rosmery Quintero también criticó la tendencia en Colombia de legislar sin un adecuado análisis de impacto normativo, lo que genera «costos administrativos ocultos» para las empresas cada vez que hay una modificación. Con 1.8 millones de microempresas en el país, el grueso del tejido empresarial, Quintero enfatizó la necesidad de legislar desde la realidad colombiana, un país con alta informalidad empresarial y laboral. Recordó que una microempresa se clasificaba hasta 10 trabajadores, pequeña hasta 50 y mediana hasta 199, en contraste con la actual normativa por ingresos, que complejiza la categorización.
Finalmente, Quintero expresó la profunda preocupación del sector empresarial ante la incertidumbre generada por el gobierno actual. Mencionó el reciente decreto del Ministerio de Hacienda que anticipa el cobro de impuestos del 2026 sin considerar el flujo de caja de las empresas. Calificó esta medida de «absurdo», ya que obliga a las empresas a buscar créditos para pagar impuestos en lugar de invertirlos en crecimiento y generación de empleo. La dirigente gremial concluyó que el país necesita un «verdadero cambio», no uno que genere más «miedo y temores» en la sociedad y el sector productivo.
