Air-e Intervenida y la Procuraduría Regional del Atlántico adelantaron una mesa de trabajo para analizar la deuda que mantienen distintas entidades oficiales por concepto del servicio de energía eléctrica, en medio de las dificultades que enfrenta el sistema energético en la región Caribe.

Durante el encuentro, directivos de la empresa expusieron el panorama actual de la cartera pendiente correspondiente a alcaldías, organismos descentralizados y otras entidades del sector público, con el objetivo de coordinar acciones que permitan mejorar los niveles de recaudo y promover el pago oportuno.

La compañía señaló que la mora institucional afecta la estabilidad financiera del sistema y puede poner en riesgo la continuidad del servicio en sectores considerados esenciales, como hospitales, acueductos, colegios, centros penitenciarios y oficinas administrativas que dependen permanentemente del suministro eléctrico.

En la reunión también se discutieron posibles medidas preventivas y disciplinarias frente al incumplimiento reiterado en el pago de servicios públicos por parte de entidades estatales. Según Air-e Intervenida, los administradores públicos tienen la responsabilidad de incluir estos pagos dentro de la planeación presupuestal de sus instituciones.

La empresa insistió en que fortalecer la cultura de pago es una tarea que involucra tanto al sector privado como al público, y advirtió que el cumplimiento de estas obligaciones resulta clave para garantizar la sostenibilidad del sistema energético en la región.

La jornada contó con la participación del procurador Regional del Atlántico, Javier Enrique Bolaño Higgins; el director Comercial de Air-e Intervenida, Ramiro Castilla Andrade; Liliana Perdomo Medina, jefe de la Unidad de Alumbrado Público y Oficiales, y Olga Alexandra Rincón.