La extorsión se ha desbordado en Barranquilla y el departamento del Atlántico, afectando gravemente la seguridad y la convivencia ciudadana. Una investigación del doctor Alejandro Blanco, investigador de la Universidad Libre, revela que un preocupante 80% de los comerciantes del área metropolitana de Barranquilla son víctimas de este flagelo.
La gravedad de la situación quedó crudamente expuesta el pasado fin de semana con el asesinato de Héctor Augusto Martínez Montoya, un comerciante de 62 años, dueño de la tienda «El Reposo» en el barrio San Roque. Un individuo con un buzo negro le disparó dos veces y huyó a pie. Aunque vecinos intentaron auxiliarlo, Martínez Montoya falleció en la clínica. Lo más alarmante es que el comerciante había denunciado previamente la extorsión al GAULA de la Policía, incluso entregando videos de cámaras de seguridad, pero no hubo ninguna captura. Se le exigían 15 millones de pesos para poder abrir su tienda, además de pagos mensuales de 200 mil pesos, que se realizaban vía Nequi o eran cobrados directamente.
El doctor Alejandro Blanco, profesor universitario, corroboró el alarmante panorama. Su investigación muestra un aumento sostenido de las extorsiones en el último trimestre de 2025. El mes de marzo fue el más crítico, y enero también registró un alza significativa: 145 denuncias en enero de 2025, comparadas con 48 en enero de 2024. Este incremento puede deberse a un mayor número de denuncias o a un disparo real del flagelo.
«Por ahora no se ve una posible solución, al contrario, la tendencia indica que en el próximo trimestre también iría al alza, porque aparentemente mayo también va por ese mismo rumbo, lo cual muestra un panorama muy complejo», señaló Blanco. Resaltó que los datos, disponibles públicamente en la página SIEDCO de la Policía Nacional, indican que las denuncias se concentran principalmente los fines de semana y afectan en mayor medida a los comerciantes.
Normalización del flagelo y responsabilidades difusas
El investigador expresó su preocupación por una aparente normalización de la extorsión, donde la gente parece acostumbrarse a pagar a los extorsionistas. «Se ha enquistado tanto la práctica de la extorsión que viene normalizándose con mucha frecuencia esto», afirmó.
Blanco criticó la tendencia de las autoridades a diluir responsabilidades, atribuyendo el problema al gobierno nacional o a un carácter internacional. Sin embargo, enfatizó que existen responsabilidades territoriales claras. Aunque reconoce algunos avances en la lucha contra el crimen, los considera insuficientes.
Un dato que llama la atención en su investigación es que más del 90% de los capturados por extorsión y homicidio son jóvenes. Esto, según Blanco, subraya la necesidad de robustecer la política pública y la oferta institucional dirigida a esta población, para ofrecerles alternativas al camino de la ilegalidad.
Las cifras son contundentes: en febrero, las denuncias pasaron de 40 a 108 casos; en abril, de 56 a 178; y marzo fue el mes más crítico, con 192 denuncias. Blanco sugiere que las bandas criminales, en su disputa por el narcotráfico y microtráfico, han recurrido a la extorsión como un mecanismo efectivo y rápido, facilitado por métodos como llamadas telefónicas y transacciones virtuales a través de plataformas como Nequi, que evitan la presencia física.
¿Cómo pacificar Barranquilla?
Sobre la promesa del presidente de la República de «pacificar Barranquilla» y negociar con jóvenes, Blanco considera que es una apuesta del gobierno nacional, basándose en resultados obtenidos en ciudades como Medellín, Cali y Buenaventura, donde mesas de diálogo y treguas entre bandas criminales llevaron a una reducción de homicidios. No obstante, el investigador puntualizó que el presidente aún no ha especificado cómo se materializará dicha intención o cuáles serían los mecanismos para lograrlo.
«Lo que creo es que serían apuestas por abrir diálogos y construir caminos institucionales para que la población juvenil que está por fuera de la ley pueda sumarse a propuestas distintas en el ámbito de la institucionalidad», concluyó Blanco, destacando que el problema va más allá de la dotación policial y la tasa de seguridad, e implica abordar las causas profundas que llevan a los jóvenes a enrolarse en grupos criminales.
