La periodista, investigadora en género y defensora de los derechos de las mujeres Alejandra Moreno Astwood hizo un llamado al Gobierno Nacional para que la violencia contra las mujeres sea incorporada como una prioridad dentro de la política de seguridad del país y, particularmente, para que el Atlántico sea tenido en cuenta como territorio piloto para implementar una estrategia integral de prevención, atención y acceso a la justicia.

La petición fue planteada en una carta abierta dirigida al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en la que Moreno advierte sobre el aumento de los casos de violencia contra las mujeres y cuestiona que esta problemática no haya ocupado un lugar prioritario en la reciente Cumbre de Seguridad realizada en Barranquilla.

De acuerdo con las cifras citadas por la investigadora, con corte al 31 de julio de 2026, la Defensoría del Pueblo había registrado 89 feminicidios, 74 tentativas de feminicidio, 16.451 delitos sexuales y 57.860 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres en Colombia.

En el caso del Atlántico, Moreno señala que en lo corrido del año han sido asesinadas 56 mujeres, cifra que, según la información presentada en su carta, supera el registro del año anterior. Ante este panorama, considera necesario establecer una alerta especial de seguridad para las mujeres del departamento.

“Necesitamos comenzar a preguntarnos cuántas mujeres podemos salvar si el Estado actúa a tiempo”, sostuvo Moreno durante una entrevista, insistiendo en que no se puede esperar al cierre del año para hacer un balance de las víctimas.

La investigadora también cuestionó las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia y recibir protección efectiva. Señaló que existen casos en los que las víctimas cuentan con medidas de protección, pero no reciben seguimiento posterior, mientras que otras deben acudir a diferentes instituciones y repetir varias veces su historia, situación que puede generar revictimización.

En ese sentido, propuso la creación en el Atlántico de un Centro Integral de Atención a Víctimas de Violencia de Género y Sexual, que permita articular en un mismo espacio a entidades como la Fiscalía, Policía, Medicina Legal, Defensoría, Procuraduría, Comisarías de Familia, sector salud, ICBF y autoridades territoriales.

La propuesta también contempla la creación de un observatorio departamental del delito que permita cruzar información sobre feminicidios, homicidios de mujeres, tentativas, violencia intrafamiliar, violencia sexual, amenazas, desapariciones, denuncias, medidas de protección y resultados judiciales.

“Lo que no se mide, no se puede prevenir”, plantea Moreno en su carta al Gobierno Nacional, al considerar que no basta con conocer cuántas mujeres han sido asesinadas, sino que es necesario identificar cuáles estaban en riesgo y qué acciones tomó el Estado para protegerlas.

Otra de sus propuestas consiste en crear un sistema nacional de seguimiento a mujeres en riesgo de feminicidio, con valoración del riesgo, seguimiento individual y verificación del cumplimiento de las medidas de protección.

Moreno también pidió fortalecer tecnológica y presupuestalmente a las instituciones encargadas de atender estos casos. En el Atlántico, aseguró, las Comisarías de Familia presentan dificultades de infraestructura, tecnología y personal, mientras que la Fiscalía requiere más fiscales y psicólogas forenses, además de espacios adecuados que garanticen privacidad a las víctimas.

La periodista también llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer la Policía Púrpura y propuso publicar un cartel de los más buscados de feminicidas y abusadores sexuales que tengan órdenes de captura vigentes y continúen en libertad.

Para Moreno, la estrategia de seguridad debe incluir además programas permanentes de prevención de la violencia de género, violencia intrafamiliar y violencia sexual, con educación, intervención comunitaria, formación en masculinidades no violentas, atención psicológica, autonomía económica y fortalecimiento de las redes de apoyo.

Asimismo, pidió que las investigaciones de asesinatos de mujeres incorporen desde el primer momento un enfoque de género y que los casos no sean clasificados automáticamente como sicariato, ajustes de cuentas, conflictos personales o hechos relacionados con el microtráfico sin analizar posibles motivaciones asociadas a la violencia contra la mujer.

La defensora de los derechos de las mujeres insistió en que el problema no puede abordarse únicamente después de que ocurre un feminicidio. “La urgencia es prevenir, no solo castigar”, es precisamente el llamado que da nombre a su libro y que ahora lleva como propuesta al Gobierno Nacional.

Moreno considera que el Atlántico podría convertirse en un territorio piloto para poner en marcha una política integral que permita prevenir las agresiones, proteger a las mujeres en riesgo, mejorar la atención institucional y fortalecer la investigación y judicialización de los responsables.

Su solicitud parte de una premisa central: la seguridad de las mujeres no debe ser entendida como un asunto exclusivo de género, sino como una prioridad de Estado.