La Defensoría del Pueblo ha emitido la ‘Alerta Temprana Electoral 2025-2026’, señalando que todo el departamento del Atlántico se encuentra en riesgo electoral de cara a las elecciones de 2026.
El informe, presentado en Bogotá por la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, identificó cinco municipios del Atlántico que requieren acciones urgentes por parte de las autoridades: Baranoa, Campo de la Cruz, Luruaco, Malambo y Polonuevo. El resto de las poblaciones del departamento, incluyendo la capital, Barranquilla, requieren acciones prioritarias.
Grupos Armados Ilegales en el Caribe
La alerta de la Defensoría se fundamenta en el accionar de grupos armados ilegales y de crimen organizado en la macrorregión Caribe, que incluye a Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y San Andrés.
La entidad advierte sobre la presencia del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como el ‘Clan del Golfo’, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y facciones disidentes de las extintas FARC-EP.
En el Área Metropolitana de Barranquilla, estructuras como ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ mantienen confrontaciones con el EGC y entre sí por el control de rentas ilícitas. Estas organizaciones imponen fronteras invisibles, toques de queda y controlan economías barriales, incluyendo el préstamo informal tipo “gota a gota”. También ejercen violencias basadas en género, amenazas a servidores públicos y líderes sociales, y se apropian de viviendas. La práctica del denominado «pago por seguridad comunitaria» ha derivado en el cierre de establecimientos comerciales y la restricción de rutas de transporte público.
Estrategias de Control en el Caribe
En el resto del Caribe, la Defensoría detalla diversas estrategias de control territorial y social:
- El ‘Clan del Golfo’ imparte órdenes sociales mediante violencia, coacción y amenaza a la participación política, afectando especialmente a mujeres, población LGBTIQ+ y juventudes. También se ha vinculado con las comunidades a través de “voceros políticos” para interferir en organizaciones sociales y cooptar a quienes se resisten.
- Las ACSN en zonas rurales de Santa Marta y Ciénaga influyen en espacios como las Juntas de Acción Comunal (JAC), buscan incidir en la resolución de conflictos y en la expresión política, y han creado «organizaciones sociales» para el presunto lavado de activos a través del turismo.
- El ELN mantiene vigilancia en el centro del Cesar y amenaza a liderazgos sociales en La Guajira, donde restringe la movilidad.
La Defensoría advierte que este escenario podría limitar las iniciativas de participación política en los procesos electorales, especialmente para candidaturas con aspiraciones en la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP), donde la corrupción electoral, la compra de votos y la presencia armada se configuran como riesgos directos para el ejercicio democrático.
