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El exministro de Minas y Energía, Amílcar Acosta, alertó sobre la vulnerabilidad energética en la región Caribe a raíz del mantenimiento programado en la planta regasificadora de Cartagena, previsto entre el 10 y el 14 de octubre. Acosta señaló que la interrupción en el suministro de gas natural impactará directamente a las tres principales plantas térmicas de la región –Termocandelaria, Tetzla y Termoflores–, que dependen de este combustible importado para su operación y que actualmente cumplen una función vital en el abastecimiento.

Causa Raíz: Redes de Transmisión Agotadas

Acosta explicó que la principal causa de la vulnerabilidad de la región reside en la insuficiente capacidad de las redes de transmisión de energía del país, una situación que, según lo han advertido XM (operador del sistema) y Transtelca, se debe al atraso en la ejecución de proyectos de expansión. Este déficit impide que la energía que dejen de generar las térmicas del Caribe pueda ser reemplazada por la que se transporta desde el interior del país. En consecuencia, las plantas térmicas, que deberían operar como respaldo, están funcionando en la base del sistema, volviéndose imprescindibles para el suministro regional.

Adicionalmente, el exministro criticó el retraso en la entrada en operación de 16 parques eólicos asignados entre 2019 y 2021, que suman 2.400 megavatios de capacidad. Acosta indicó que si estos proyectos estuvieran funcionando, no solo se evitaría el problema actual, sino que se contaría con energía más económica que la térmica e incluso la hídrica.

Plan de Choque del Ministerio y Limitaciones de Gas

Respecto a la respuesta del Gobierno, Acosta reconoció el esfuerzo del Ministerio de Minas y Energía. Informó sobre una circular reciente, firmada por la viceministra de Energía, Karen Chud, que busca la liberación de gas por parte de la industria para priorizar la generación eléctrica. No obstante, el exministro señaló las limitaciones de esta estrategia: el consumo total de gas de la industria en el Caribe es de 60 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), mientras que las térmicas requieren aproximadamente 130 MPCD. Esto sugiere que, a pesar de los esfuerzos, podría presentarse un racionamiento en el servicio de energía, así como en el suministro de gas a la industria, afectando sus operaciones.

El mantenimiento programado no puede aplazarse, según Acosta, debido a dos razones: razones técnicas para evitar una falla imprevista que prolongaría la parálisis por meses, y para mantener la garantía de la planta regasificadora. La fecha elegida (10 al 14 de octubre) se programó por ser un puente festivo, periodo en el que el consumo energético es tradicionalmente menor.

Perspectiva Desalentadora de Abastecimiento de Gas y Crítica al Sector Minero

Acosta manifestó su pesimismo respecto al yacimiento de gas Sinú-9 (offshore), señalando que, debido a los 116 kilómetros de gasoducto submarino y las 118 comunidades con las que se requieren consultas previas, el país no dispondrá de ese gas antes del año 2030. Esta situación agrava el panorama, dado que la demanda de gas sigue creciendo mientras la producción nacional disminuye. El exministro proyectó que la importación de gas aumentará de 44 MPCD este año a más de 250 MPCD para 2027.

El economista también criticó las políticas gubernamentales hacia el sector minero energético. Citó una caída del sector de -5.5% el año pasado y de -10.5% en el primer semestre de este año. Afirmó que, si bien la política busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el país está perdiendo ingresos vitales por divisas y regalías, sin que el consumo mundial de carbón y petróleo se detenga.

Riesgo de «Apagón Financiero» y Complejidad en el Caso Aire

Finalmente, Acosta reiteró la advertencia de organismos de control sobre un posible «apagón financiero» de las empresas comercializadoras de energía. Este riesgo se debe a la acumulación de deudas por la opción tarifaria y el no giro de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3.

En el caso específico de Air-e, Acosta indicó que su eventual liquidación sería un escollo antes de que se pueda considerar la alternativa de que Gecelca asuma la operación. Una liquidación de Air-e, que actualmente está intervenida, implicaría:

1. Poner fin al efecto suspensivo sobre sus deudas, que ya superan los 2.5 billones de pesos, afectando a los acreedores.
2. Desactivar la circular de la Superintendencia que obliga a las generadoras a suministrar energía a pesar de la falta de pago, lo que podría llevar a un corte de suministro si no se honran las obligaciones.