La Policía Metropolitana de Barranquilla ha emitido un código de alerta ante la posibilidad de manifestaciones en la Universidad del Atlántico, donde el creciente inconformismo de la comunidad estudiantil se intensifica debido a los retrasos en la elección del nuevo rector. La tensión interna va en aumento mientras se espera el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, que investiga recusaciones presentadas contra los miembros del Consejo Superior.
El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, confirmó la alerta, asegurando que la Universidad del Atlántico constituye un «punto crítico» en la ciudad. «El único punto de atención en este momento es la Universidad del Atlántico, donde posiblemente se podría generar algunos inconformismos porque está muy polarizada la elección del nuevo rector», señaló el general. La policía ha puesto toda la atención institucional en el lugar ante las posibles protestas y el riesgo de desmanes y sabotaje.
El proceso de elección se ha paralizado a raíz de una serie de recusaciones dirigidas a los miembros del Consejo Superior, organismo encargado de la designación del rector. Entre los señalados se encuentra el gobernador Eduardo Verano, quien preside dicho consejo.
La situación ha generado una fuerte tensión a lo largo del mes de octubre. La comunidad estudiantil ha manifestado su preocupación y ha denunciado presunta corrupción en el proceso, alegando que hubo compra de votos para favorecer a un candidato a la rectoría, supuestamente alineado con intereses políticos de la ciudad.
Un estudiante que hizo pública la denuncia aseguró que hay un candidato, identificado como Layton Barrios, que «no cumple con las exigencias para ser rector de la Universidad del Atlántico» en términos de horas docentes y administrativas. El denunciante añadió que detrás de esta candidatura existe un «oscuro panorama», donde quienes lo promocionan buscan «ejercer poder externo para utilizar la Universidad del Atlántico como un medio político» con miras a las elecciones presidenciales y del Congreso en 2026. La denuncia estudiantil también incluye aseveraciones de que se estuvo «comprando la conciencia de los estudiantes, ofreciendo al voto a $150.000 pesos» y que se despidieron a «más de 250 personas de la alcaldía de Barranquilla, para así intimidar a las personas que trabajan dentro de la Universidad del Atlántico».
Actualmente, la universidad y la comunidad estudiantil están a la expectativa de la respuesta de la Procuraduría General de la Nación, que se encuentra evaluando las recusaciones y señalamientos contra los miembros del Consejo Superior para determinar si conservan la facultad legal para elegir al rector.
