El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta planteó al Gobierno Nacional una alternativa para enfrentar la crisis financiera que atraviesa el sector eléctrico: titularizar la deuda que la Nación mantiene con las empresas comercializadoras por concepto de subsidios.

La propuesta fue presentada durante su participación en la Mesa Técnica Permanente del Sector Energético, convocada por el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, espacio que reunió a representantes de los diferentes actores de la cadena energética, entre generadores, transportadores, comercializadores y gremios.

Acosta destacó la convocatoria y resaltó la disposición de la ministra de Minas y Energía, María Noemí Arboleda, para escuchar las propuestas planteadas durante la jornada. Según el exministro, el sector atraviesa una de sus mayores crisis de las últimas décadas y requiere medidas inmediatas, pero también decisiones estructurales que permitan recuperar su estabilidad.

Para Acosta, la situación debe abordarse en dos frentes. Por un lado, se requiere un plan de choque que permita atender de manera urgente los problemas de liquidez y evitar una afectación en la continuidad del servicio. Por otro, deben establecerse medidas de fondo que sean incorporadas en el próximo Plan Nacional de Desarrollo.

Uno de los principales puntos señalados por el exministro es la deuda acumulada por concepto de subsidios a los estratos 1, 2 y 3. Acosta aseguró que las obligaciones de la Nación con las empresas comercializadoras rondan los $4 billones, mientras que para este año el presupuesto inicialmente aprobado solo contempló recursos suficientes para cubrir un trimestre.

Ante este escenario, consideró que los $1,5 billones destinados recientemente por el Gobierno para proteger la continuidad y confiabilidad del servicio representan un alivio para las empresas, pero no constituyen una solución definitiva.

“Yo hice una propuesta que la dejé para la consideración de la ministra y del Gobierno, que es la titularización de esa deuda”, explicó Acosta.

El mecanismo, según detalló, permitiría que las empresas comercializadoras puedan acceder al sistema financiero utilizando como respaldo la deuda reconocida por la Nación. De esta manera, los bancos podrían realizar los desembolsos que necesitan las compañías para recuperar liquidez y flujo de caja, mientras el Estado responde posteriormente por las obligaciones.

La alternativa cobra relevancia, de acuerdo con Acosta, debido a la situación fiscal que enfrenta el país. El exministro señaló que el Gobierno recibió un déficit fiscal superior al 7,5 % y una deuda que supera el 63 %, además de tener que atender otras prioridades presupuestales, como la emergencia generada por el reciente terremoto.

Acosta advirtió que el problema financiero de las comercializadoras puede convertirse en una amenaza para toda la cadena energética, debido a que estas empresas necesitan recursos para cumplir sus obligaciones con los generadores y garantizar la continuidad del servicio.

En cuanto al futuro del sector, sostuvo que el próximo Plan Nacional de Desarrollo deberá incluir medidas para recuperar la confianza de los inversionistas y garantizar seguridad jurídica. Recordó que el sistema energético demanda inversiones cercanas a los $10 billones anuales, recursos que en buena medida provienen del sector privado.

“Este es un sector que demanda inversiones del orden de los 10 billones de pesos anuales”, explicó, al señalar que para atraer esos capitales se necesitan reglas claras y condiciones que permitan recuperar la confianza perdida.

Sobre la situación de Air-e, empresa intervenida que presta el servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira, Acosta manifestó su desacuerdo con una eventual liquidación. A su juicio, esta decisión no resolvería la crisis y podría incluso agravarla al afectar los pagos pendientes con los generadores.

El exministro recordó que Air-e mantiene deudas superiores a los $3,5 billones con sus acreedores y advirtió que una liquidación podría generar nuevos problemas de flujo de caja en otros actores de la cadena energética.

“Liquidar Air-e no resuelve la situación de esta empresa y, lo que es más importante, no garantiza la continuidad en la prestación del servicio”, sostuvo.

Acosta también se refirió al reciente acuerdo mediante el cual Air-e Intervenida busca gestionar financiación de hasta $1 billón con la empresa china China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC) para ejecutar proyectos de modernización de la infraestructura eléctrica.

Aunque consideró positiva la destinación de los recursos a obras que permitan recuperar las inversiones que requiere la región Caribe, señaló que se trata de un crédito que incrementará las obligaciones de la empresa y que, finalmente, el costo de esas inversiones podría trasladarse a los usuarios a través de las tarifas.

El exministro insistió en que Colombia no puede limitarse a atender las dificultades del sistema mediante medidas temporales. Para Acosta, la crisis requiere decisiones inmediatas para evitar un colapso financiero, acompañadas de una reforma estructural que permita garantizar inversiones, sostenibilidad y confiabilidad en el servicio de energía.

En ese sentido, la titularización de la deuda por subsidios queda planteada como una de las alternativas para darle oxígeno financiero a las comercializadoras mientras el Gobierno define las medidas de fondo que deberán marcar el rumbo del sector energético en los próximos años.