El Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico emitió un fallo clave dentro de la acción popular que cursa contra el peaje Papiros, declarando la vulneración de derechos colectivos relacionados con el espacio público, la seguridad y la salubridad. La sentencia obliga a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la Concesión Costera Barranquilla-Cartagena a ajustar la infraestructura a las normas técnicas de la Ley 105 de 1993 en un plazo máximo de un año y nueve meses. Sin embargo, la decisión ha generado inconformidad en los sectores que impulsan el control social, quienes aseguran que la única solución real es la eliminación total de la caseta.

El abogado Víctor Ríos Mercado, coadyuvante de la acción popular, anunció que apelará la decisión ante el Consejo de Estado al considerar que el fallo tiene vacíos críticos y no resuelve el problema de fondo. Según el jurista, la sentencia no establece una consecuencia clara en caso de que la concesión incumpla los ajustes técnicos, ni define si se debe suspender el cobro a los vehículos de carga quienes actualmente siguen pagando mientras se realizan las obras. Para la defensa, resulta contradictorio que se mantenga un recaudo en una infraestructura que el mismo tribunal reconoce que no cumple con los estándares legales de seguridad y diseño vial.

La lucha jurídica y social ahora se traslada a una instancia superior, donde los demandantes seguirán insistiendo en el desmonte definitivo del peaje. Ríos Mercado enfatizó que la estructura es obsoleta y representa una carga injusta debido a su cercanía con el peaje de Tubará, afectando la economía y la movilidad entre Barranquilla y Puerto Colombia. Con este recurso, se busca que el Consejo de Estado corrija la sentencia y ordene el retiro total de la infraestructura, argumentando que no existe viabilidad técnica para reubicarla ni justificación social para mantenerla en una zona de tránsito cotidiano para estudiantes y trabajadores.