En un reciente encuentro de la Red Departamental de Comisarías de Familia, se pusieron sobre la mesa los retos y avances para asegurar que estas oficinas cuenten con el presupuesto necesario para atender y prevenir la violencia en el entorno familiar en el Atlántico. El punto central del debate fue la implementación de la Estampilla para la Justicia Familiar, un tributo que ya ha sido adoptado por el 70 % de los municipios del departamento, lo que representa un avance frente al 30 % que se registraba anteriormente.

Sin embargo, la realidad en las poblaciones muestra un panorama de contrastes. Mientras en municipios como Soledad ya se cuenta con recursos de la estampilla, en otras localidades como Candelaria la situación es crítica. Comisarios locales denunciaron que la falta de ejecución presupuestal por parte de algunos alcaldes impide contar con espacios físicos que garanticen la privacidad de las víctimas, además de la carencia de equipos interdisciplinarios y herramientas tecnológicas mínimas para operar.

Ante estas deficiencias, se conoció una propuesta del Ministerio de Justicia para que la administración departamental se integre a una red nacional que permita gestionar recursos adicionales a través del Sistema General de Regalías y del Sistema General de Participaciones. El objetivo es que las comisarías no dependan únicamente del recaudo local para cumplir con sus funciones legales.

Actualmente, el Atlántico se mantiene como el único departamento del país con una red de comisarías formalizada mediante ordenanza, lo que ha permitido una mayor articulación entre los funcionarios. Como parte de los acuerdos, el Ministerio de Justicia se comprometió a brindar asistencia técnica para que los municipios que aún no aplican la estampilla lo hagan, y para que los que ya recaudan, inviertan esos fondos específicamente en mejorar la infraestructura y la atención ciudadana.